El oficialismo busca dictaminar el Súper RIGI pese a críticas por impacto ambiental

El Senado se prepara para una nueva ronda de expositores antes de la firma del despacho, a pesar de los duros cuestionamientos recibidos en comisiones.

El Súper RIGI, iniciativa del Gobierno con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 24 de junio, tiene como objetivo atraer mega inversiones superiores a los mil millones de dólares. Este instrumento fue diseñado por el Ministerio de Economía para captar capital en nuevas industrias de frontera tecnológica.

Estas industrias incluyen sectores como las energías renovables, la biotecnología y la inteligencia artificial, entre otras actividades que aún no existen en Argentina o se encuentran en etapa experimental. El proyecto otorga exenciones impositivas, así como beneficios aduaneros y cambiarios, junto con un horizonte de estabilidad fiscal por 30 años.

OTRAS NOTICIAS:

Biólogo advierte que la sobrepoblación de guanacos causará un colapso catastrófico en la Patagonia

Durante un plenario de comisiones este miércoles, especialistas invitados expresaron fuertes cuestionamientos sobre el potencial impacto ambiental de la propuesta. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado, en una reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión y Legislación General.

El presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale, alertó sobre una posible cesión de soberanía y un impacto territorial significativo. Viale sostuvo que «Habrá crisis hídrica, crisis energética y crisis sobre los territorios. Son las tres cosas que entrega el Súper RIGI. 30 años son siete mandatos presidenciales».

OTRAS NOTICIAS:

El Municipio de Madryn instalará contenedores para residuos voluminosos en dos barrios

El especialista añadió que, de aprobarse, un juez de Estados Unidos podría decidir sobre los recursos naturales argentinos, citando el caso de Peter Thiel en Honduras. También indicó que un centro de datos en funcionamiento generaría solo entre 30 y 40 puestos de trabajo.

Por su parte, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcolm, puso el foco en la falta de precisión del marco regulatorio. «La necesidad de inversión está clara; lo que no queda claro son las condiciones que se exigen y cuáles son los eventuales efectos», señaló la presidenta de la ONG Géneras.

OTRAS NOTICIAS:

Registran un sismo de 4,0 en Venezuela y crece la alarma tras el desastre de junio

En ese marco, la directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, Florencia Gómez, expresó preocupación por los impactos acumulativos ambientales en provincias del interior. Lamentó que no se conozcan las consecuencias a largo plazo, especialmente en regiones como Catamarca y La Rioja, donde algunos barrios carecen de suficiente presión de agua.

El director de Economía de la Fundación Fundar, Guido Gak, advirtió sobre la dilapidación de recursos a largo plazo que estos proyectos podrían generar. Gak enfatizó la necesidad de un control periódico anual auditado y publicado del cumplimiento ambiental, especialmente del consumo hídrico y energético.

Finalmente, la doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet, Luciana Ghiotto, cuestionó la ausencia de una política industrial estratégica. Ghiotto indicó que la ley «entrega un cheque en blanco a sectores que aún no existen» y que no hay claridad sobre cuáles son esas nuevas industrias que se busca favorecer con los beneficios.