Amnistía advierte sobre la contratación de una empresa de vigilancia sancionada por el Gobierno
Actualidad20/08/2026
REDACCIÓNAmnistía advierte que la expansión de tecnologías como el reconocimiento facial y la vigilancia predictiva erosiona la presunción de inocencia.
El Gobierno argentino contrató a Clearview AI, una compañía sancionada en distintos países por cuestiones vinculadas con la gestión de datos y la privacidad. Según un informe de Amnistía Internacional, esta decisión indica una muy poca consideración por el derecho a la privacidad por parte de las autoridades. Esta contratación se suma a una serie de reuniones con actores tecnológicos considerados problemáticos.
La investigación de la organización identifica tendencias hacia el “tecnoautoritarismo” en Argentina. Se observa una consolidación de los esfuerzos de vigilancia y un aumento en la adquisición de herramientas de control digital. El reporte subraya que existen muy pocas protecciones vigentes en el país capaces de impedir que este tipo de contratos avancen.
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En ese marco, el informe también pone el foco en la empresa Palantir, a la que describe como una “caja negra”. Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía, señaló que la compañía muestra escasa consideración sobre cómo sus productos pueden contribuir a violaciones de derechos. Mahmoudi afirmó que a veces la empresa niega acusaciones y en otras ocasiones directamente no responde.
Mahmoudi, quien es asesor en inteligencia artificial y derechos humanos, alertó sobre los peligros del “tecnosolucionismo”. Explicó que los gobiernos suelen vender la idea de que la tecnología puede resolver todos los problemas, lo que puede funcionar como una distracción de cuestiones centrales. «Las preguntas deberían ser qué hace un gobierno con la economía, la salud o la educación», planteó el especialista.
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Además, el investigador advirtió que los sistemas de lenguaje por inteligencia artificial, conocidos como LLM, pueden ser una “droga de entrada” para la vigilancia. Una vez que se acepta que la IA puede solucionarlo todo, se empieza a utilizar para el control social. Esto incluye determinar preventivamente quién podría cometer un delito, según detalló.
Las tecnologías digitales como el reconocimiento facial o la vigilancia predictiva permiten capturar información y focalizar personas a una escala sin precedentes. Estos sistemas dependen de la extracción de datos de redes sociales y registros públicos sin el consentimiento de los individuos. El simple hecho de participar en la vida pública puede exponer a cualquier ciudadano a esta vigilancia.
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Para Amnistía Internacional, el uso del reconocimiento facial para la vigilancia masiva es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, la organización sostiene que la vigilancia predictiva erosiona directamente la presunción de inocencia. «Hay líneas rojas que no deberían cruzarse», concluyó el informe.
Según explicó Mahmoudi, el avance de estas tecnologías genera un cambio fundamental donde se instala una sospecha por defecto. En este escenario, los ciudadanos pasan a ser considerados potenciales amenazas bajo argumentos de seguridad nacional. De esta manera, se debilita uno de los pilares del sistema democrático.
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