
Derogación de zonas francas pone en riesgo inversiones vitales en la Patagonia
Actualidad21/08/2026
REDACCIÓNEl Gobierno nacional avanza con la anulación de la Ley 24.331, que rige estos regímenes, impactando en la paralizada Zona Franca Trelew y sus acuerdos.

Las inversiones pesqueras y acuícolas que se proyectaban en la Zona Franca Trelew (ZFT) en Chubut se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Diversas firmas condicionaron sus proyectos a los beneficios del régimen aduanero especial, que ahora está bajo severa amenaza por un plan desregulador del Gobierno nacional.
Empresas como Arbumasa, Buenos Aires Pesca S.A., Consermar (Grupo Profand) y Acua Grow Acuícola habían formalizado acuerdos significativos. Estos pactos involucraban desembolsos millonarios, la generación de empleo local y la cesión de cuotas sociales de merluza hubbsi, fundamentales para el desarrollo regional.


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La paralización del predio también complica el cumplimiento de un acuerdo homologado con la empresa Red Chamber. Dicha compañía había supeditado la entrega gradual de tres permisos de pesca provinciales a la construcción y finalización de una planta procesadora dentro de una zona franca.
La ZFT, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, pretendía transformarse en un polo industrial y pesquero articulado como anexo de la concesión de Comodoro Rivadavia. Este proyecto, de gran potencial para la provincia, incluso contaba con la aprobación formal del Ministerio de Economía nacional y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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No obstante, la Zona Franca Trelew padece una parálisis operativa total en la actualidad. Carece de cerco perimetral y no tiene infraestructura básica terminada, dependiendo de partidas reasignadas recientemente mediante el Decreto Provincial N° 1144 para iniciar las obras preliminares.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, prepara una drástica avanzada contra el sistema de incentivos territoriales. La gestión libertaria incluyó en el borrador del paquete normativo "Hojarasca 2.0" la derogación lisa y llana de la Ley 24.331, que regula el funcionamiento de las zonas francas desde 1994.
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La iniciativa es conducida por Federico Sturzenegger y cuenta con el respaldo político explícito del presidente Javier Milei. La visión del Poder Ejecutivo sostiene que las exenciones arancelarias e impositivas no constituyen mecanismos eficaces para la atracción de inversiones genuinas.
En ese marco, la postura oficial considera que estas exenciones son regímenes de privilegio que distorsionan la libre competencia entre actores económicos. El proyecto de reforma, volcado en un documento de 144 páginas, contempla la anulación de 13 leyes y la modificación de otras 50 normas.
Si bien la embestida desreguladora enfrenta resistencias en los gobiernos provinciales y sectores industriales, la conducción económica nacional reafirmó la vigencia del paquete reformista. La eliminación de estas áreas especiales sigue estando en el centro de la agenda de gobierno, a pesar de traspiés legislativos como la marcha atrás en la reforma del practicaje marítimo.















