Bolivia: el presidente Rodrigo Paz destituyó a su ministro de Economía por decreto
Política21/08/2026
REDACCIÓNJosé Gabriel Espinoza fue apartado tras ser censurado por el Legislativo. El Gobierno cuestiona la legalidad y la disputa irá al Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Bolivia interpuso una acción de amparo constitucional contra la censura del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, pero la Justicia no emitió una medida cautelar para suspender sus efectos. La Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto fijó una audiencia para el próximo 24 de agosto para abordar el recurso presentado por el Ejecutivo.
Este viernes, el presidente Rodrigo Paz oficializó la destitución de Espinoza a través de un decreto publicado en la Gaceta oficial de Bolivia. La norma explica que, al no existir una disposición expresa que suspendiera la resolución del Legislativo, correspondía proceder con el apartamiento del funcionario para garantizar la continuidad de la cartera.
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Como reemplazo interino fue designado Oscar Mario Justiniano, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. Su nombramiento busca asegurar el funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mientras se resuelve la cuestión de fondo en la Justicia.
El origen de la crisis fue la censura que recibió Espinoza el pasado martes en el Legislativo. Un total de 91 de los 129 parlamentarios presentes en la sesión votaron a favor de la medida. Esta acción se tomó después de que el ministro no asistiera a una interpelación sobre las políticas del Gobierno para enfrentar la crisis económica.
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Según trascendió, Espinoza había solicitado una reprogramación de la interpelación, argumentando que tenía previstos viajes oficiales al departamento de Santa Cruz y a Brasil. Sin embargo, su petición fue rechazada por los legisladores, quienes procedieron con el voto de censura.
El decreto presidencial que formalizó la destitución se fundamenta en la Ley 1350, que regula los efectos de la censura. Dicha ley establece que el presidente debe destituir a un ministro censurado en un plazo máximo de 24 horas después de haber sido comunicado formalmente por el Poder Legislativo.
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El Gobierno sostiene que la resolución de censura emitida por el Parlamento “es inconstitucional”. Su principal argumento es que la Constitución exige una mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea, y no únicamente de los que estaban presentes durante la sesión en la que se votó.
Con base en esa misma interpretación, el propio Espinoza anunció el día de su censura la presentación de una consulta ante el Tribunal Constitucional. El objetivo de esta presentación era determinar la legalidad del procedimiento legislativo que derivó en la orden de su eventual destitución.
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