
Detalles del fallo judicial en Estados Unidos anula una suspensión de visas a ciudadanos de 75 países
Actualidad22/08/2026
REDACCIÓNUna jueza federal de Nueva York dictaminó que la política implementada por la gestión de Donald Trump era contraria a la ley y excedía la autoridad del secretario de Estado.

Un fallo emitido el viernes en Estados Unidos revocó todas las denegaciones de visa que se hayan basado únicamente en la suspensión de trámites para la residencia permanente impuesta por el gobierno de Donald Trump. La medida había entrado en vigencia el 21 de enero y afectaba a ciudadanos de 75 países.
La decisión fue tomada por la jueza federal Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York. Según el sitio RFI, la magistrada declaró en su fallo que la política implementada era «contraria a la ley» y que excedía la «autoridad legal» del secretario de Estado, Marco Rubio.


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En su argumentación, Vargas determinó que se había ordenado de forma indebida a los funcionarios consulares que denegaran las visas basándose solo en el país de origen del solicitante. Esto se aplicaba incluso en los casos en que se había comprobado que la persona cumplía con todos los demás requisitos exigidos.
El Departamento de Estado había justificado la suspensión de los trámites de visa de inmigrante con un argumento económico. Sostenían que las personas de los países afectados representaban «un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas».
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La política no aplicaba a las visas de no inmigrante, que permiten una entrada temporal al país, sino específicamente a las de residencia permanente. Entre los países afectados por la suspensión se encontraban Afganistán, Brasil, Egipto, Irak, Irán, Nigeria, Rusia, Somalía, Tailandia y Yemen.
Desde su regreso al poder, la administración Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal con deportaciones masivas. Sin embargo, también ha aplicado restricciones significativas a la entrada legal de extranjeros al país.
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Por otra parte, varias de las medidas más emblemáticas del gobierno en materia migratoria ya habían sido anuladas previamente por los tribunales. Tras el fallo de la jueza Vargas, el gobierno quedó en condiciones de apelar la decisión judicial.















