El Gobierno quiere que Estados Unidos investigue penalmente a la familia Eskenazi por YPF

Actualidad23/08/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La administración de Javier Milei impulsa una ofensiva jurídica en Washington para que el Departamento de Justicia abra una causa por la compra de acciones de la petrolera.

La petrolera encontró impulso en factores externos e internos que coincidieron en el mismo momento.
La petrolera encontró impulso en factores externos e internos que coincidieron en el mismo momento.

El gobierno de Javier Milei lleva adelante gestiones significativas en los Estados Unidos con el propósito de neutralizar millonarios juicios que enfrenta el país en tribunales de Nueva York. La estrategia se centra en lograr que se investigue penalmente el ingreso, administración y salida de la familia Eskenazi en la petrolera estatal YPF.

Esta ofensiva penal ocurre en un escenario que se considera favorable para la defensa argentina, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara una condena previa. Esa sentencia obligaba a la Argentina a pagar una suma superior a los US$16.000 millones por la estatización de la petrolera.


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Para impulsar esta iniciativa, funcionarios de primera línea de la administración Milei mantuvieron reuniones de carácter reservado con representantes del gobierno de Donald Trump. El objetivo de estos encuentros fue que el Departamento de Justicia estadounidense procediera a la apertura de una causa penal específica sobre la compra de acciones de la petrolera argentina.

Según lo reflejado por una investigación periodística de La Nación, la mira de la administración nacional está puesta sobre la familia Eskenazi y el Grupo Petersen. Se busca esclarecer judicialmente los detalles de su participación, gestión y posterior salida de YPF.


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La estrategia jurídica implementada desde la Casa Rosada apunta a determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción durante la adquisición del 25% de las acciones de la compañía. Dicha compra se realizó por parte de la familia Eskenazi en el período conocido como kirchnerismo.

Para el Estado argentino, una denuncia exitosa que logre demostrar que dicha adquisición tuvo un origen fraudulento podría ser crucial. Esta prueba se convertiría en la pieza clave para congelar o incluso anular las multimillonarias demandas civiles que actualmente pesan sobre el país en los tribunales neoyorquinos.


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Esta iniciativa argentina ya cuenta con un respaldo institucional previo en la capital estadounidense, Washington. El propio Departamento de Justicia ya había emitido un memorándum en el que apoyaba la solicitud de diversas organizaciones civiles de la Argentina.

En ese documento, el Departamento de Justicia respaldaba la investigación de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la compra de las acciones de YPF. Este antecedente es considerado un punto a favor en la gestión actual.

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