La fiscalía solicitó además la inhabilitación perpetua para los exfuncionarios públicos involucrados en una red de sobreprecios para la reparación de 16 establecimientos.
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre dos y tres años y medio de prisión efectiva para un grupo de exfuncionarios y empresarios acusados de montar una matriz de corrupción en la infraestructura escolar cordillerana. La acusación también exige la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a los implicados que usaron las estructuras estatales para direccionar contratos.
El proceso penal tiene en el banquillo a los exfuncionarios públicos Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado. Junto a ellos están imputados los empresarios Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León.
OTRAS NOTICIAS:
Según la investigación judicial, la maniobra consistía en direccionar obras públicas para la reparación de 16 escuelas por relaciones de amistad o militancia. La denuncia del fiscal general Omar Rodríguez sostiene que existía una connivencia directa entre los proveedores privados y funcionarios de los Ministerios de Infraestructura y Educación.
Los peritajes telefónicos revelaron que los contratistas Cottet y Ponce de León confeccionaban ellos mismos los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de las obras. Para simular legalidad en los expedientes, los funcionarios invitaban a otros oferentes a cotizar, sabiendo previamente que no se presentarían, para que los empresarios amigos quedaran como únicos postulantes.
OTRAS NOTICIAS:
Las pruebas obtenidas de mensajes de WhatsApp secuestrados exponen cómo los contratistas se repartían de antemano las obras. En las conversaciones fijaban fechas y montos a su conveniencia para los trabajos en los establecimientos educativos.
La fiscalía calificó el accionar como defraudación por administración fraudulenta en modalidad de delito continuado. También imputó los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
OTRAS NOTICIAS:
Una de las consecuencias más graves de las irregularidades ocurrió en la Escuela N° 93 de El Maitén, uno de los establecimientos afectados. En el año 2022, se produjo allí una intoxicación masiva con monóxido de carbono que afectó a alumnos y docentes, hecho que originó la denuncia penal por parte de la gestión provincial de ese momento.
Frente a las pruebas, los abogados defensores Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García solicitaron la nulidad de la acusación. Argumentaron violaciones al derecho de defensa basándose en cuestionamientos formales sobre la descripción de los hechos.
Ahora, la jueza de garantías Karina Breckle se encuentra dentro del plazo legal para resolver las objeciones presentadas por la defensa. Su decisión definirá la elevación formal del expediente a juicio oral y público. Las escuelas involucradas en el esquema fraudulento se encuentran en las localidades de El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila.
Te puede interesar
