Huenchual a Gómez: "Esta mujer se cree que es impune, que ella puede hacer lo que quiera"

Un episodio de descompensación de un empleado derivó en el traslado urgente de cuatro trabajadores hacia Trelew y destapó un esquema de hostigamiento sistemático en Rawson.

Una crisis de angustia e hiperventilación sufrida por un empleado en plena jornada laboral terminó desencadenando la intervención urgente del Sindicato de Trabajadores Judiciales en el Ministerio Público Fiscal de Rawson. El trabajador se presentó ante la sede gremial manifestando la imposibilidad absoluta de regresar a su puesto de trabajo en la oficina conducida por la fiscal Florencia Gómez, acusando recibir malos tratos de forma continua. "Motivó que ante la crisis de angustia, del llanto que tenía el compañero, yo me comunicara directamente con el procurador general", relató la referente sindical Gabriela Huenchual en diálogo con #LA17, explicando que el gabinete de bienestar laboral debió enviar psicólogas para contener al trabajador y tramitar su traslado inmediato.

El episodio provocó una reacción en cadena que dejó virtualmente desmantelada a esa dependencia judicial de la capital provincial. En el transcurso de los días posteriores, otros tres integrantes de la oficina —dos empleados y una funcionaria— solicitaron su salida urgente del área para no seguir bajo las órdenes de la magistrada. Para evitar la parálisis y resguardar la salud mental del personal, la Procuración General resolvió reasignar las tareas de los cuatro agentes bajo la órbita del fiscal de Trelew, el doctor Rodríguez.

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Este escenario de tensión interna ya registraba antecedentes de gravedad que habían sido archivados sin respuesta institucional. Durante el año 2024, el área de salud laboral del gremio presentó un informe reservado solicitando la intervención en la misma fiscalía por agresiones hacia una funcionaria afiliada, pero la causa no prosperó y la denunciante terminó enfrentando un sumario administrativo impulsado por la propia fiscal. "Surgió que en el transcurso de la semana, tres compañeros más de trabajo solicitaron el traslado de forma urgente", confirmó Huenchual a #LA17, subrayando que la falta de contención previa terminó precipitando el desborde actual.

A los señalamientos por agresiones verbales se sumó la imposición irregular de cargas laborales que no corresponden al escalafón administrativo. Los empleados eran obligados a custodiar el celular de guardia durante semanas enteras, una responsabilidad operativa que por normativa debe ser cubierta exclusivamente por los funcionarios. La distorsión en la dinámica de trabajo alcanzó un punto crítico el mismo día de la descompensación del empleado, cuando dos dirigentes sindicales intentaron devolver el dispositivo institucional en la sede de la fiscalía.

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La reunión con la magistrada finalizó en un nuevo choque verbal y la negativa explícita de la funcionaria a recibir el aparato de comunicaciones de la guardia. La delegación gremial debió dirigirse a la Procuración General para entregar el equipo ante un fiscal alterno y labrar un acta formal que acreditara el procedimiento. "Esta mujer realmente se cree que es impune, que tiene mucho poder, que ella puede hacer lo que quiera", aseveró Huenchual durante la entrevista radial con #LA17, al fundamentar la elevación del caso ante los estamentos de control.

El expediente disciplinario transitó por el Consejo de Fiscales y regresó al Procurador General, derivando finalmente en la apertura de actuaciones en el Consejo de la Magistratura de Chubut. Durante su última sesión, el organismo colegiado resolvió admitir la denuncia por la gravedad de los hechos presentados y designó a una abogada de la matrícula de Esquel en carácter de sumariante para conducir la investigación. La instrucción buscará determinar si las conductas imputadas configuran mal desempeño en sus funciones o faltas éticas incompatibles con el ejercicio de la magistratura.

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El avance del proceso reactivó el debate sobre la naturalización del maltrato en la estructura del Poder Judicial de la provincia. Las autoridades gremiales recordaron la reciente destitución del asesor de familia de Esquel, Hugo Sánchez, quien ejerció hostigamiento sobre el personal subalterno durante quince años hasta que las presentaciones del sindicato forzaron la intervención del jurado de enjuiciamiento. La persistencia de estas conductas expone la fragilidad de las condiciones laborales en despachos donde la presión y las relaciones de jerarquía suelen invisibilizar los reclamos.

Las representaciones sindicales insisten en que la resolución de estos expedientes debe sentar un límite definitivo sobre el trato que los magistrados dispensan a los equipos técnicos y administrativos. La garantía de un ambiente de trabajo saludable resulta indispensable en organismos dedicados a impartir justicia y tomar decisiones sobre el patrimonio y la libertad de los ciudadanos. La investigación en curso marcará si las estructuras de control actúan con la firmeza requerida para erradicar las prácticas abusivas en los tribunales chubutenses.