La Corte Suprema creó un protocolo que podría beneficiar con prisión domiciliaria a represores

La medida, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encomienda al Cuerpo Médico Forense la elaboración de nuevos criterios médicos.

Un total de 79 personas condenadas por delitos de lesa humanidad que se encuentran en establecimientos penitenciarios podrían ser evaluadas bajo un nuevo protocolo médico. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 18 de ellas están en el servicio penitenciario y otras 61 en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la creación de este protocolo a través de la Acordada 21/2026. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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El objetivo de la medida, según se detalla en el documento, es el de «sistematizar los criterios». De esta manera, los magistrados podrán contar con «mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud».

En la acordada, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la confección del protocolo sobre el estado de salud de los internos. Este deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida y una verificación de las condiciones de detención y las posibilidades de tratamiento en el establecimiento.

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Entre los represores que continúan alojados en establecimientos carcelarios se encuentran nombres como Alfredo Astiz, conocido como el «Ángel de la Muerte». También figuran en la lista Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta y Christian Federico von Wernich.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema apeló a la Constitución Nacional. La carta magna establece que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas».

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Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indican que, en total, hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas. De ese universo, 440 ya cuentan con el beneficio del arresto domiciliario.