
Una falla entre la policía y la Justicia mantuvo en secreto la fuga del delincuente abatido en Trelew
Policiales26/08/2026
REDACCIÓNLa jueza de ejecución desconocía que Marcos Dip estaba prófugo desde julio porque las comunicaciones se enviaron a una oficina equivocada y la policía no emitió la búsqueda formal.

El cruce de notificaciones defectuosas entre las dependencias del sistema de justicia y las fuerzas de seguridad provocó que una jueza de ejecución desconociera durante más de un mes la evasión de un condenado. La situación salió a la luz tras la muerte del asaltante en el centro comercial de Trelew, momento en que las autoridades del fuero constataron que el expediente judicial no registraba el aviso de evasión. El quiebre en la cadena de notificaciones impidió que se librara un pedido de captura formal para iniciar los rastrillajes de localización en la comarca.
En una entrevista concedida a #LA17, el juez penal Horacio Daniel Yanguela confirmó los graves desacoples administrativos que paralizaron el seguimiento del detenido: “La juez de ejecución de Madryn se entera el día del suceso de esa fuga, porque hubo una serie de errores en las comunicaciones y de desconexión entre oficinas judiciales y nunca se enteró la juez de la carpeta que Marcos Dip estaba profugado”. La parálisis del trámite evitó que los investigadores actuaran con órdenes concretas para dar con el paradero del delincuente.


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El desencadenante del fallo operativo se originó en la sede donde el interno cumplía su detención al momento de emitir los reportes sobre las salidas transitorias. Desde el penal se remitió el informe de inasistencia a una jurisdicción equivocada, lo que interrumpió la alerta formal hacia la magistrada responsable de la condena. Esta descoordinación entre los edificios del fuero penal derivó en que la causa se mantuviera paralizada mientras el convicto permanecía al margen de la ley.
Durante el reportaje con #LA17, el magistrado Horacio Daniel Yanguela detalló cómo se desvió la notificación oficial entre las distintas sedes: “El primer error surge del Instituto Penitenciario que da una comunicación a la oficina judicial de Trelew siendo que Dip dependía de la oficina judicial de Madryn”. El envío de las actuaciones a la mesa de entradas incorrecta bloqueó la actualización de la carpeta ejecutiva de la jueza Stella Eizmendi.
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La ausencia de una directiva judicial expresa limitó la capacidad de intervención del personal policial que estaba al tanto del escape por vías informales. Aunque en las brigadas operativas existía conocimiento del ausentismo del recluso, los agentes no contaban con la cobertura legal que exige la firma de un juez para activar procedimientos de detención. En el plano operativo, las tareas de rastreo no superaron los chequeos de rutina por la falta del requerimiento escrito.
Al evaluar las fallas en la búsqueda del prófugo en las ciudades de la zona, Yanguela remarcó en #LA17 que la captura se vio obstaculizada por la falta de órdenes expeditivas: “El policía sabía que se había profugado y supongo que internamente habrá hecho las comunicaciones de rigor, pero bueno, no había una orden concreta de un juez respecto a la prevención o la búsqueda de Dip. Hablando de profugados que hemos tenido a lo mejo a lo largo de la historia, rara vez salen de la provincia, así que habiendo ajustado la búsqueda se podría haber dado con el paradero”.
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Ante la gravedad del circuito administrativo fallido, las autoridades de la coordinación penal abrieron las actuaciones para revisar el desempeño de los organismos involucrados. Se cursaron requerimientos formales tanto a la conducción policial como a los responsables administrativos del área judicial para establecer en qué eslabón se detuvieron los legajos. Las explicaciones solicitadas buscan determinar las fallas operativas para aplicar las correcciones correspondientes.
El juez penal profundizó sobre los pasos institucionales en marcha durante la charla con #LA17: “Me remitió a mí como coordinador de la parte de ejecución penal una nota donde me pone en conocimiento de esto y al no elevar a la dirección de la oficina judicial de Madryn un pedido de informe y de actuaciones y al jefe de policía otro. La doctora Eizmendi me informa a mí y yo pido las explicaciones correspondientes y las actuaciones correspondientes para que esta cuestión quede aclarada”.
En paralelo a la investigación interna, la magistratura desmintió las versiones periodísticas que señalaban irregularidades en la concesión de las salidas de revinculación familiar otorgadas al delincuente. El cómputo unificado de las sentencias previas determinó que el interno había sobrepasado la mitad de la pena requerida por la ley penal. Sin embargo, el análisis sobre la responsabilidad de los jefes de las oficinas administrativas quedará sujeto a los informes que determinen si corresponde la instrucción de sumarios y sanciones disciplinarias.















