Confirman la condena a cuatro años de prisión para un exsecretario judicial por espiar a su esposa
Policiales27/08/2026
REDACCIÓNLa Corte Suprema dejó firme la sentencia contra Pablo Carlos Molina, quien en 2014 utilizó una causa por narcotráfico para intervenir ilegalmente el teléfono de su pareja.
La maniobra de espionaje ilegal perpetrada por el exsecretario judicial Pablo Carlos Molina salió a la luz en marzo de 2019, cuando personal de la Justicia correntina encontró 28 discos compactos durante un relevamiento. Los discos contenían comunicaciones interceptadas ilegalmente entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
Según determinó la investigación, Molina sospechaba que su esposa le era infiel y mantenía una relación extramatrimonial con otro hombre. Para confirmarlo, utilizó una investigación por narcotráfico en curso en el juzgado donde trabajaba para librar un oficio que ordenaba las escuchas telefónicas de ambos.
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La maniobra fue llevada a cabo junto con el entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila. La acusación formal contra el exsecretario incluyó los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica. Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a cuatro años de prisión en un juicio realizado en 2025.
Tras esa primera sentencia, la defensa de Molina apeló la decisión, pero en abril de 2026 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo. Posteriormente, la defensa intentó llevar el expediente ante la Corte Suprema, argumentando que se habían vulnerado la defensa en juicio y el debido proceso.
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Finalmente, el máximo tribunal del país rechazó por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa, dejando así firme la condena. La resolución contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La desestimación del planteo se basó en la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta normativa permite a la Corte rechazar recursos sin dar mayores fundamentos cuando la presentación es considerada inadmisible.
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En paralelo, el contenido de las grabaciones reveló otro posible delito, ya que en buena parte de los audios aparecía el propio Molina profiriendo insultos y amenazas a su pareja. El tribunal correntino se declaró incompetente en ese aspecto y remitió esos hechos a la Justicia de Chaco, provincia donde residía la pareja, para su investigación.
Además, el exfuncionario ya se encontraba investigado en otra causa en la que fue condenado junto a Soto Dávila. En ese caso, se los encontró culpables de favorecer a narcotraficantes en el marco de una asociación ilícita.
Para cuando se descubrieron los 28 discos compactos con las escuchas, Molina ya había sido apartado de su cargo en la Secretaría Penal N.º 2 del Juzgado de Corrientes. La decisión había sido tomada previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de esa misma provincia.
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