Tras la limitación de sus funciones, renunció el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso
Política31/08/2026
REDACCIÓNGabriel Esterelles dejó su cargo al frente de la OPC luego de que una comisión bicameral restringiera la elaboración de informes sin autorización política previa.
La Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria dispuso una serie de limitaciones a las funciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A través de estas medidas, se determinó que sus áreas técnicas ya no podrán elaborar informes extraordinarios sin una autorización política previa. Esta decisión se formalizó en medio de una disputa por la autonomía del organismo técnico.
En este contexto, el director general de la OPC, Gabriel Esterelles, presentó su renuncia al cargo. Su salida se produce a pocas semanas de que el Poder Ejecutivo Nacional envíe al Congreso el proyecto para el Presupuesto 2027. Según se informó, Esterelles argumentó su retiro por motivos personales.
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Tras la dimisión, la Comisión designó de manera temporal a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont como directora interina. La funcionaria permanecerá en el puesto hasta que se convoque a un nuevo concurso público para cubrir el mandato legal, que tiene una duración de cinco años.
Por otra parte, la comisión parlamentaria impulsó una auditoría interna sobre el organismo. Esta auditoría derivó en la implementación de reformas estructurales y el retiro del Servicio Administrativo Financiero (SAF). Además, se dispuso el congelamiento de las contrataciones de personal especializado que ya había concursado.
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La oposición parlamentaria reaccionó ante estos cambios y denunció la situación como un “intento de desmantelamiento” del organismo. Los legisladores opositores también calificaron las medidas como un acto de “subordinación” de las capacidades de control técnico que posee el Congreso de la Nación.
En paralelo a las reformas, se emitieron advertencias por un posible ahogo financiero para la Oficina de Presupuesto. Las medidas adoptadas por la comisión avanzaron luego de que la OPC publicara estudios fiscales independientes. Dichos informes contradecían las estimaciones económicas del Poder Ejecutivo Nacional sobre temas como jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario.
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