Impulsan una reforma para reducir la cantidad de jueces federales en Comodoro Py
Política01/09/2026
REDACCIÓNLa propuesta del Ejecutivo busca recortar cargos en Casación y juzgados de instrucción antes de la implementación del sistema acusatorio en 2027.
El Gobierno deberá conseguir el respaldo necesario en el Congreso para avanzar con una reforma que busca modificar la estructura de los tribunales federales de Comodoro Py. La iniciativa requiere modificar distintas normas que regulan la organización judicial, por lo que no puede aplicarse a través de una simple resolución administrativa.
La propuesta contempla que la Cámara Federal de Casación Penal reduzca su número de integrantes de 13 a 9. Actualmente, este tribunal ya cuenta con tres vacantes sin cubrir, un escenario que el Ejecutivo considera al proyectar la nueva organización de los fueros.
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Por otra parte, el proyecto propone disminuir los juzgados federales de instrucción de 12 a 10. Dentro del oficialismo también se analiza una alternativa más restrictiva, que llevaría ese número a ocho, aunque la cifra final dependerá de la discusión parlamentaria.
Estos cambios están directamente relacionados con la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, cuya entrada en vigencia está prevista para abril de 2027. Con este nuevo esquema, los fiscales asumirán la conducción de las investigaciones penales, modificando sustancialmente las tareas de los magistrados.
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Bajo el nuevo reparto de responsabilidades, los jueces dejarán de concentrar las funciones que hoy forman parte de la instrucción de las causas. El proyecto contempla que puedan desempeñarse como jueces de garantías, de juicio o de revisión, según las necesidades del proceso.
La reforma también incluye una reasignación del personal que trabaja en las actuales estructuras judiciales. Asimismo, se planea una equiparación salarial entre funciones que pasarán a tener nuevas responsabilidades, con el objetivo de adaptar los recursos existentes.
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Los tribunales de Comodoro Py concentran algunas de las investigaciones de mayor impacto político y judicial del país. Allí tramitan causas vinculadas a corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, por lo que cualquier cambio en su estructura podría afectar la forma en que se tramitan esos expedientes.
La reducción de los juzgados de instrucción se vincula con un modelo donde la investigación queda en manos de los fiscales. En este esquema, los jueces intervienen principalmente para controlar las garantías procesales, resolver cuestiones sometidas a su decisión y juzgar cuando corresponda.
El calendario agrega presión al debate político sobre la reforma. La llegada del nuevo sistema en 2027 obliga a definir previamente cómo quedará conformada la estructura judicial y qué magistrados asumirán las nuevas funciones.
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