Investigan el faltante de 233 ampollas de fentanilo y propofol en el Hospital de Rawson
Actualidad07/09/2026
REDACCIÓNLa causa por la desaparición de medicamentos controlados regresó a Justicia provincial, tras rechazo federal por falta de investigación. Denunciado en abril.
La causa que investiga la desaparición de más de 230 ampollas de medicamentos controlados en el Hospital Santa Teresita regresó a la órbita de la Justicia provincial de Rawson. La decisión se tomó después de que el fiscal federal Fernando Gélvez solicitara devolver las actuaciones al considerar que no se habían realizado medidas de investigación básicas.
El caso se inició en abril de este año a partir de una denuncia presentada por personal del hospital en la Oficina Judicial. En un sobre, detallaron el faltante de 213 ampollas de fentanilo y otras 20 de propofol de la Unidad de Terapia Intensiva y solicitaron ser considerados testigos protegidos.
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En un principio, la Fiscalía de Rawson consideró que se trataba de un “faltante significativo” que podía constituir una “desviación de sustancias desde el circuito legal hospitalario hacia un destino ilegítimo”. Por este motivo, y dado que el fentanilo está regulado por la ley de estupefacientes, la jueza Karina Breckle declaró la incompetencia provincial y remitió el expediente al fuero federal.
Sin embargo, el fiscal federal Gélvez se opuso al traslado automático de la causa. Argumentó que era necesario realizar diligencias previas, como tomar declaración a los denunciantes y solicitar al hospital los registros de ingreso y egreso de los medicamentos controlados para determinar qué había ocurrido.
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El fiscal federal sostuvo que «no puede trasladarse automáticamente a la justicia federal una investigación que la justicia provincial declinó sin realizar ninguna pesquisa». Además, señaló que si se confirmara que los medicamentos fueron retirados sin que los funcionarios provinciales lo denunciaran, podrían configurarse delitos de competencia provincial como hurto, encubrimiento o administración fraudulenta.
Los antecedentes del caso se remontan a una reunión institucional de septiembre de 2025. En aquel encuentro ya se habían advertido inconsistencias en el manejo de la medicación e incluso se mencionó a un empleado como posible sospechoso, aunque sin que esto constituyera una imputación formal.
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Tras el planteo de Gélvez, el juez federal Gustavo Lleral ordenó que el expediente regresara a la Fiscalía de Rawson. Hasta el momento no se han informado públicamente las medidas adoptadas por la fiscalía local, por lo que se mantiene el interrogante sobre cómo desaparecieron los fármacos de un área de acceso restringido.
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