La privatización del 44% de Nucleoeléctrica pierde prioridad en la agenda oficial
Actualidad07/09/2026
REDACCIÓNLa venta de la participación minoritaria en la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país quedó sin fecha definida tras ser habilitada en 2025.
Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, aportó el 7,35% de la generación eléctrica nacional en 2024. Este nivel de producción convierte a la compañía en un actor relevante para el abastecimiento, superando incluso la participación de su potencia instalada dentro del sistema energético argentino.
La privatización parcial de la firma quedó congelada y, por ahora, sin lugar entre las prioridades inmediatas del Gobierno. Pese a que la venta de una participación minoritaria fue habilitada formalmente en 2025, la operación sigue sin lograr avanzar hacia una licitación concreta y sin un calendario definido.
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El esquema previsto originalmente establecía que el Estado conservaría el 51% de las acciones, mientras que el 44% sería ofrecido mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. El 5% restante quedaría reservado para los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada. Esta composición generó discusiones internas en el sector nuclear, donde borradores previos habían contemplado transferir el 20% de la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a la Secretaría de Energía, lo que hubiera dejado a la CNEA sin representación en el directorio.
El principal obstáculo para la operación se encuentra en la valuación de la compañía y en el escaso atractivo que tendría para inversores privados la adquisición de una participación que no les otorgaría el control. Nucleoeléctrica administra infraestructura estratégica y su funcionamiento está sometido a exigentes regulaciones de seguridad, limitando así el universo de potenciales compradores.
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La implementación del proceso de venta está bajo la responsabilidad de una agencia especial transitoria dependiente del Ministerio de Economía, encabezada por Diego Martín Chaher. Sin embargo, esta estructura aún no consiguió traducir la habilitación legal en un cronograma definido para la subasta.
En paralelo, el Congreso comenzó a discutir un proyecto de ley denominado «Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino». Esta iniciativa busca establecer mayores restricciones para transferir determinados activos nucleares o permitir que el Estado pierda su control sin una autorización legislativa expresa.
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El debate parlamentario agrega una dificultad política a una operación que ya enfrenta interrogantes financieros. La actividad nuclear ocupa un lugar particular dentro de la estructura energética argentina por sus exigencias de seguridad, regulación y compromisos internacionales, lo que vuelve más sensible cualquier modificación en la propiedad de las centrales.
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