La Justicia ratificó el sobreseimiento de Caputo luego de 9 años de investigación

Política07/09/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal desestimó los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal contra el actual ministro de Economía.

Luis Caputo (Foto @CAMBRASoficial)
Luis Caputo (Foto @CAMBRASoficial)

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó de manera íntegra el sobreseimiento definitivo del ministro de Economía, Luis Caputo, en el expediente iniciado en 2017. Con este fallo, el tribunal rechazó los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público Fiscal y cerró la investigación tras casi nueve años de trámite.

El expediente se había originado a partir de una denuncia impulsada por legisladores de la oposición para investigar supuestas omisiones patrimoniales en sus declaraciones juradas. También se indagaba la vinculación de Caputo con sociedades offshore y presuntas incompatibilidades en la emisión de bonos de deuda soberana.


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La defensa técnica del funcionario, conducida desde el inicio del proceso por el Dr. Matías Cúneo Libarona, presentó un memorial ante la Cámara. Esta acción respondió a la apelación del fiscal Carlos Rívolo y logró que los magistrados validaran la inexistencia de delito en los hechos imputados.

En su resolución, la Cámara Federal receptó los principales argumentos presentados por la defensa para descartar las acusaciones de “malicia” en las declaraciones juradas. El tribunal señaló que Caputo había exteriorizado previamente su participación en «LC Advisors» ante la AFIP y en diversas presentaciones oficiales.


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Asimismo, respecto a «Princess International Group Ltd.» y «Noctua International», se dio por acreditado que el beneficiario final de la primera era su hermano, Flavio Caputo. La documentación fiduciaria demostró que el actual ministro ya no poseía vínculo alguno con ninguna de estas firmas al momento de la colocación de bonos en octubre de 2016.

El fallo remarcó la inexistencia de información privilegiada al sostener que la emisión de deuda respondió a un procedimiento de oferta pública transparente y en igualdad de condiciones para todos los inversores. La Justicia ponderó la declaración de Russell Ashcraft, de HSBC Securities Inc., quien ratificó que no existieron beneficios ni precios diferenciales.


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La Cámara concluyó que la emisión de bonos obedeció a una política económica instruida por el Congreso Nacional y no a una decisión individual del funcionario. La fiscalía no logró probar ninguna maniobra concreta destinada a favorecer a un privado.

La denuncia que dio origen a la causa en 2017 fue impulsada por legisladores de la oposición. Entre ellos se encontraban Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde y María Teresa García.

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