El Gobierno Nacional impulsa el ingreso de dólares sin límite de patrimonio

El proyecto Inocencia Fiscal II, a debate el martes en el Senado, permite adherir sin límite de ingresos ni patrimonio, buscando dinamizar el plan económico.

El nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, considerado fundamental para el plan económico del Gobierno, extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para que los contribuyentes puedan adherir a sus beneficios. Esta iniciativa permitirá que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país opten por esta modalidad, sin los topes de ingresos y patrimonio que existían previamente.

El Senado comenzará a debatir este martes la propuesta en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto. Estas comisiones, que serán las encargadas de analizar el texto, están presididas por los legisladores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.

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El principal objetivo del oficialismo es lograr la firma del dictamen de la ley lo antes posible para que la iniciativa sea sancionada durante septiembre. La reunión de este martes, sin embargo, será únicamente de carácter informativo y se espera que cuente con la participación de funcionarios del equipo económico, quienes expondrán los detalles del proyecto.

Para que la ley sea aprobada, la bancada de La Libertad Avanza necesitará el respaldo de otros bloques en la Cámara Alta. Con solo 21 legisladores propios, el oficialismo requiere el apoyo de al menos 16 senadores adicionales, provenientes del radicalismo, el PRO y diversos bloques provinciales.

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La reforma, que modifica la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, elimina los límites que antes permitían adherir solo a quienes tuvieran un ingreso anual de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones. De esta forma, el Gobierno busca incentivar a los contribuyentes a ingresar al sistema financiero los ahorros que mantienen en dólares.

En este marco, se mantienen las facultades de fiscalización de la Agencia Recaudadora y de Control Administrativo (ARCA) sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica. La propuesta redefine el concepto de «discrepancia significativa», criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada o revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

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Esta discrepancia se configurará si la impugnación arroja un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% de lo declarado por el contribuyente. Además, entre los últimos cambios aplicados al dictamen, se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales que afecten a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Aquellos contribuyentes que decidan adherirse a este régimen simplificado deberán obligatoriamente realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal. Para ello, será necesario que utilicen los medios y herramientas autorizadas por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).