Fijan audiencia para el 16 de septiembre por la suspensión del Régimen Penal Juvenil bonaerense
Política07/09/2026
REDACCIÓNLa Justicia convocó a referentes de Seguridad, Justicia y Niñez para que informen medidas de adecuación de infraestructura, tras frenar 60 días la ley.
El Tribunal bonaerense fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre en el marco de la suspensión del Régimen Penal Juvenil. En esa instancia, los responsables de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez de la Provincia deberán informar sobre las medidas concretas y los plazos previstos para adecuar la infraestructura existente a los estándares exigidos.
La medida judicial responde a un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que derivó en la suspensión por 60 días del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires. La organización emitió un comunicado para destacar que la justicia provincial haya hecho lugar a su pedido, que se centraba en la falta de condiciones para aplicar la ley.
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La Federación resaltó que la Justicia tomó como eje de su resolución la situación actual de los centros de detención juvenil. En su comunicado, la entidad afirmó que «no se trata de discutir la ley en abstracto, sino de constatar que su aplicación inmediata, en el contexto real de los centros de la provincia, puede derivar en una afectación de derechos básicos de los adolescentes alojados allí».
Por otra parte, el viernes pasado, la Pastoral Judicial también se había expresado sobre la inminente puesta en marcha del régimen. En un comunicado, exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para que la nueva normativa «no agrave las condiciones de vulnerabilidad ya existentes que atraviesan las infancias en nuestro país», y recordó que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional.
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El principal argumento de la solicitud judicial fue la incorporación de adolescentes de entre 14 y 15 años al nuevo régimen penal. La federación sostuvo que el aumento de jóvenes detenidos se produciría en dispositivos que actualmente no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para cumplir los estándares mínimos de la normativa vigente.
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