EE.UU. ofrece restablecer la certificación antidrogas a Colombia con cooperación

Actualidad09/09/2026

Marco Rubio sugirió bases militares compartidas en el país, mientras la oposición alertó el fracaso de la estrategia antidrogas planteada.

Estados Unidos está dispuesto a proveer la asistencia de seguridad que Colombia solicite para combatir el crimen organizado en su territorio. Esta cooperación bilateral podría llevar al restablecimiento de la certificación antidrogas colombiana por parte de Washington en 2027.

En este marco, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no descartó la posible instalación de bases militares o compartidas en Colombia durante su visita a Barranquilla. El funcionario explicó en una rueda de prensa que estas «son bases en común», similares a las que Washington posee en otras partes del mundo.

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Rubio subrayó que, de proponerse su establecimiento, estas instalaciones requerirían la cooperación de las autoridades colombianas que previamente las hubieran solicitado. Además, el secretario celebró la adhesión de Colombia al “Escudo de las Américas” y afirmó que ambos países trabajarán conjuntamente contra grupos criminales que operan en Colombia y que, supuestamente, se ocultan en Venezuela.

En tanto, el Departamento de Guerra de Estados Unidos colabora con el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella para definir la adquisición de sistemas de radares y de inteligencia. Estas herramientas son requeridas por el país sudamericano para enfrentar a los grupos armados en su territorio.

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Por otra parte, el líder de la oposición colombiana, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, cuestionó fuertemente la estrategia conjunta contra las drogas. Cepeda afirmó que este enfoque es idéntico al que fracasó en Colombia durante cinco décadas.

Desde el Pacto Histórico, la principal fuerza opositora, Cepeda exigió respeto a la dignidad, independencia y libertad de Colombia como nación soberana. «Por ahora, todo acuerdo o convenio internacional que suscriba De la Espriella y que genere obligaciones para el Estado colombiano, deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional», advirtió.

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