Proyectan usar bonos de carbono para financiar líneas eléctricas y flotas en la minería
Actualidad09/09/2026
REDACCIÓNLa emisión de créditos ambientales auditables permitirá a las operadoras respaldar proyectos de almacenamiento energético y reducir la huella climática del cobre, el litio y la plata.
El acceso a herramientas financieras internacionales para acelerar la reconversión tecnológica en las zonas de cordillera depende de la consolidación de un esquema de garantías climáticas verificables. La posibilidad de comprometer ingresos futuros por la venta de créditos de carbono surge como una alternativa para estructurar el financiamiento de grandes obras de infraestructura en los yacimientos. Esos fondos permitirían amortizar los costos de instalación de parques solares, el tendido de líneas eléctricas de alta tensión, la renovación de flotas de transporte pesado y la compra de insumos de menor intensidad energética.
La reducción de emisiones directas en la extracción de minerales de exportación encuentra un aliado inmediato en la integración de matriz productiva con los combustibles de origen biológico. La sustitución progresiva del diésel fósil utilizado en la generación eléctrica aislada y en los equipos de gran porte permite recortar la huella de carbono del cobre, el litio, el oro y la plata que demandan los compradores internacionales. Sin embargo, el reemplazo del combustible no genera automáticamente un activo comercializable en los mercados de capitales.
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Para que la disminución de gases contaminantes se traduzca en un bono financiero, cada crédito debe certificar una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada o removida mediante metodologías internacionales homogéneas. La acreditación del título requiere probar la adicionalidad del proyecto, la trazabilidad del insumo utilizado y el balance completo de emisiones en todo su ciclo de vida, incluyendo el posible cambio en el uso del suelo. Sin esa auditoría independiente, la reducción de huella no puede comercializarse en los circuitos globales.
Al analizar las condiciones operativas para la emisión de estos instrumentos, la especialista en Sustentabilidad y directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Sandra Barceló, destacó el rol del financiamiento climático. El valor central no reside en la comercialización abstracta de indicadores, sino en “hacer financiables reducciones costosas y de largo plazo” que requieran desembolsos de capital intensivos en las etapas de exploración y explotación.
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La regulación de estas operaciones registró un avance de fondo en el Congreso de la Nación tras la firma de un dictamen conjunto en las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda del Senado. El acuerdo unificó los expedientes S-0808/2026, S-0865/2026 y S-0718/2026, dejando la iniciativa ordenada para su debate en el recinto. La propuesta combina los lineamientos del mercado voluntario con presupuestos mínimos ambientales y reglas para la negociación de activos financieros.
Las proyecciones elaboradas por los promotores de la norma estiman que el desarrollo del mercado local de carbono podría movilizar recursos por hasta 4.800 millones de dólares anuales. No obstante, los analistas del sector aclaran que se trata de un potencial teórico cuya concreción real estará supeditada a los precios internacionales, la demanda de los compradores, la elegibilidad de los proyectos y las autorizaciones del Estado argentino para las transferencias de activos al exterior.
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La puesta en marcha del sistema requerirá resolver los solapamientos de competencias entre la administración nacional y las autoridades provinciales. Debido a que las provincias ejercen el dominio originario sobre los recursos naturales localizados en sus territorios, la distribución de los beneficios económicos y la titularidad de los proyectos generarán debates jurídicos complejos. La arquitectura normativa deberá prevenir situaciones de doble conteo de emisiones y definir las responsabilidades legales ante eventuales reversiones en los compromisos de captura.
Sobre la urgencia de estructurar un marco normativo sólido, la especialista Valeria Romero Maisonave remarcó que el desafío de la industria consiste en pasar de los compromisos corporativos a la implementación técnica. La credibilidad del esquema dependerá de la creación de registros transparentes, la acreditación de verificadores independientes y la coordinación entre los organismos ambientales de la Nación y los estados provinciales.
La aprobación parlamentaria de la ley no eximirá a los emprendimientos mineros de cumplir con las evaluaciones de impacto ambiental ni con los permisos de uso de agua exigidos en las normativas vigentes. Los créditos de carbono funcionarán como un mecanismo complementario para valorizar las metas climáticas, pero la viabilidad de los proyectos continuará dependiendo de la calidad institucional y de los controles ambientales directos sobre el terreno.
Fuente: Minería & Desarrollo
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