Fiscalía pidió dos años para el policía condenado por abuso sexual en Sarmiento
Policiales10/09/2026
REDACCIÓNLa acusación también reclamó inhabilitación perpetua para Carlos Perrota. La defensa pidió la pena mínima prevista para el delito. El juez define el 16 de septiembre.
El futuro de Carlos Gustavo Perrota, el policía declarado autor penalmente responsable de un abuso sexual simple en contexto de violencia de género, quedó pendiente de una decisión judicial. La Fiscalía solicitó dos años de prisión de ejecución condicional junto con una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Alejandro Rosales comunicará la pena el próximo 16 de septiembre.
La audiencia realizada este jueves estuvo concentrada en determinar la sanción que corresponde aplicar después de la declaración de responsabilidad penal. La procuradora Luciana Coppini sostuvo el pedido de la acusación ante el tribunal. La defensa particular, representada por Enrique Paredes, reclamó una respuesta dentro del mínimo de la escala penal.
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Uno de los elementos considerados por la Fiscalía fue el lugar donde ocurrió el hecho. La acusación señaló que se produjo dentro de una comisaría, institución destinada precisamente a la protección y prevención del delito. Para Coppini, esa circunstancia debía tener peso al momento de establecer la sanción.
También se valoró la presencia de otros integrantes de la fuerza durante el episodio denunciado. El abuso, de acuerdo con la acusación, ocurrió frente a compañeros de trabajo de la víctima, una circunstancia que la Fiscalía vinculó con la afectación provocada. El planteo incluyó además las consecuencias personales que habría sufrido la denunciante luego de la situación.
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La Fiscalía consideró especialmente la posición que ocupaba Perrota dentro de la estructura policial. El acusado tenía jerarquía de suboficial y, para la representante del Ministerio Público, su formación y experiencia impedían interpretar lo sucedido como una conducta producto del desconocimiento de las normas vinculadas con violencia de género.
Otro aspecto incorporado al pedido de pena estuvo relacionado con lo ocurrido después del abuso. Los testimonios analizados durante el proceso señalaron que Perrota habría intentado en varias oportunidades evitar que la víctima presentara una denuncia. La acusación incluyó esa circunstancia entre los factores que, a su criterio, debían agravar la respuesta penal.
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La defensa planteó una interpretación diferente al momento de discutir la sanción. Enrique Paredes solicitó que se aplique el mínimo legal previsto para este tipo de delito y rechazó específicamente la posibilidad de imponer una inhabilitación especial perpetua. El planteo será evaluado por el juez al momento de establecer la condena definitiva.
La Fiscalía, en cambio, contempló como único elemento favorable que Perrota no registra antecedentes penales computables. Ese dato fue considerado como atenuante frente a las circunstancias que la acusación presentó como agravantes. La discusión sobre esos factores forma parte de la etapa final del proceso.
Coppini también pidió que, si se impone una condena de ejecución condicional, el policía quede sometido a determinadas reglas durante los próximos tres años. Entre ellas se encuentra la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, además de la realización de un curso sobre violencia de género.
El pedido fiscal incorpora además una instancia de evaluación profesional. Perrota debería asistir a una consulta destinada a establecer si necesita algún tipo de tratamiento psicológico. Estas condiciones fueron planteadas junto con la pena solicitada y quedarán sujetas a lo que finalmente resuelva el tribunal.
El hecho investigado por Luciana Coppini y Tamara Bernardi ocurrió en abril de 2025 en inmediaciones de la Comisaría de Sarmiento, ubicada sobre Avenida San Martín y Avenida Ingeniero Coronel. La denuncia señaló que una policía se encontraba allí junto con otros compañeros cuando se produjeron las conductas por las que Perrota fue llevado a juicio.
Ahora resta conocer la decisión judicial sobre la sanción. Alejandro Rosales dará a conocer el 16 de septiembre la sentencia completa, incluida la pena que deberá cumplir el funcionario. Hasta esa resolución, permanecen en discusión tanto el monto de la condena como la inhabilitación solicitada por la Fiscalía.
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