La Justicia archivó la denuncia contra Marcela Pagano; la Fiscalía habló de "excursión de pesca"

Política11/09/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La jueza Servini cerró la causa contra Marcela Pagano, iniciada por 15 diputados por enriquecimiento ilícito, por falta de pruebas para investigar.

Diputada oficialista Marcela Pagano
Diputada oficialista Marcela Pagano

El Ministerio Público Fiscal consideró que avanzar con una investigación penal contra la diputada nacional Marcela Pagano constituiría una verdadera “excursión de pesca”. La advertencia se basó en la ausencia de un hecho delictivo concreto que investigar, lo que resultaría contrario a las garantías procesales.

En base a este planteo, la jueza federal María Romilda Servini dispuso el archivo de las actuaciones “por imposibilidad de proceder”. La magistrada hizo lugar al dictamen fiscal que concluyó que no existían elementos suficientes para conformar una hipótesis delictiva concreta y delimitada.


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La causa se había iniciado por una denuncia de 15 diputados nacionales, entre los que se encontraban María Celeste Ponce, Carlos Zapata y Lilia Lemoine. Los legisladores la acusaban de presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y omisiones en sus declaraciones juradas.

Uno de los principales cuestionamientos se centraba en la evolución patrimonial de la diputada y dos inmuebles. Sin embargo, la Fiscalía determinó que Pagano vendió un departamento el 22 de marzo de 2023 y compró otro el 8 de agosto del mismo año, operaciones que ocurrieron antes de que asumiera su banca el 10 de diciembre de 2023.


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La presentación también incluía una acusación sobre una posible asociación ilícita y financiamiento extranjero por supuestos vínculos con representantes de Venezuela, Irán y Rusia. La Fiscalía descartó esta hipótesis al señalar que no se describieron una organización criminal, roles determinados ni un plan delictivo concreto.

Por otra parte, se denunció que personas vinculadas comercialmente a la pareja de Pagano, Franco Agustín Bindi, habrían sido contratadas como personal parlamentario para luego retornar parte de sus sueldos. El dictamen fiscal sostuvo que no se aportaron elementos o indicios que permitieran sostener que esos reintegros existieron.


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