Investigan a empresas pesqueras por contrabando y afectación a la soberanía en Malvinas

Actualidad14/09/2026

Denuncia penal contra compañías internacionales operando con permisos británicos por evadir controles aduaneros y cambiarios argentinos.

Este lunes, la Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal contra varias empresas pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas, acusadas de configurar el delito de contrabando. Los denunciantes sostienen que estas firmas explotan recursos marinos en el mar argentino utilizando autorizaciones emitidas por autoridades británicas desde las Islas Malvinas, lo que afecta directamente la soberanía nacional.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. Según los letrados, estas actividades impactan el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

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En la presentación judicial se detallan dos conductas principales que configurarían el contrabando, comenzando por la evasión del control aduanero. Las firmas denunciadas extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional para luego realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de terceros países, omitiendo la fiscalización de la República Argentina.

En paralelo, los abogados señalaron la existencia de clandestinidad y engaño por parte de estas corporaciones. Al ampararse en permisos otorgados por una potencia ocupante de facto, las empresas aplicarían un ardid para desviar e impedir que la aduana argentina controle las mercaderías, buscando evitar el pago de los derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.

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Entre las corporaciones de origen español individualizadas en la denuncia, principalmente de Galicia, se encuentran Lanzal, vinculada a Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd.; y Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid. También se mencionan a Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, todas trabajando con sociedades constituidas en Malvinas bajo licencias británicas consideradas ilícitas.

La presentación judicial solicitó también que se abra una investigación penal para determinar si existió un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales. Esta solicitud se fundamenta en la posible omisión de tareas de vigilancia y patrullaje, así como en la falta de acciones destinadas a sancionar estas conductas y perseguir el cobro de derechos aduaneros y multas.

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Para avanzar con la investigación, los abogados propusieron que el juzgado libre oficios a diversos organismos públicos. Entre ellos, a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para obtener reportes de avistamiento de flotas, y a la Dirección General de Aduanas para constatar operaciones de exportación y pago de aranceles.

Esta causa, radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, tramita en paralelo a otras denuncias. En el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, la Cancillería lleva adelante investigaciones por actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, donde se identificó a 27 empresarios y ejecutivos vinculados con proyectos petroleros.

Los denunciantes indicaron que estas acciones encuadran, en principio, en los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero de la Nación. Las agravantes invocadas se deben a la afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a autoridades de control como la Prefectura Naval y la Aduana.