Puertos argentinos tendrán un año de plazo para actualizar sus habilitaciones ambientales
Actualidad15/09/2026
REDACCIÓNLa Agencia Nacional de Puertos y Navegación implementará un esquema para clasificar obras y exigirá a terminales adecuar su documentación para operar.
Las terminales portuarias y obras de dragado que se encuentran actualmente en funcionamiento en el país dispondrán de un plazo máximo de un año para actualizar sus Planes de Monitoreo y Gestión Ambiental. Este requisito será indispensable para conservar la vigencia de sus habilitaciones bajo el nuevo régimen normativo que prepara la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
El proyecto de la ANPyN establecerá un marco regulatorio ambiental con exigencias diferenciadas, dejando atrás las tramitaciones uniformes. Se implementará un semáforo que clasificará cualquier intervención en las vías navegables según tres escalas de riesgo: baja, moderada y alta incidencia ambiental. Para definir la categoría, la autoridad técnica evaluará factores como el volumen de la obra, la sensibilidad del entorno, los riesgos operativos y los materiales manipulados.
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En la práctica, las obras de bajo impacto accederán a una tramitación simplificada para agilizar los plazos. Por otra parte, las de incidencia moderada deberán presentar estudios enfocados y medidas de gestión específicas. Las iniciativas de alta incidencia, en cambio, enfrentarán el procedimiento ordinario de evaluación, que incluye análisis exhaustivos y la apertura obligatoria de instancias de participación ciudadana.
La normativa contempla una cláusula de continuidad operativa para las terminales y dragados ya existentes que cuenten con antecedentes favorables y planes de monitoreo autorizados. Estas obras no deberán repetir la evaluación completa, a menos que encaren modificaciones sustanciales en su escala, localización o en la naturaleza de sus actividades.
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Sin embargo, el incumplimiento del plazo de un año para la adecuación de la documentación traerá consecuencias directas. La falta de actualización impedirá la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, lo que habilitará a las autoridades a aplicar medidas de fiscalización y esquemas de sanción a las terminales en falta.
Actualmente, la implementación del régimen se encuentra en su fase previa de consulta técnica, establecida por la Resolución ANPyN Nro. 57/2026. El organismo abrió un período de 15 días hábiles para que empresas, instituciones y otros actores del sector marítimo puedan elevar sus observaciones y propuestas antes de la redacción definitiva del texto regulatorio.
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El rediseño normativo pone un énfasis particular en la infraestructura de dragado, un punto sensible para la operatividad de los ríos y los accesos marítimos. El esquema fija pautas metodológicas estrictas sobre hidrodinámica, sedimentología y ecología acuática, tomando como referencia las experiencias de monitoreo en la Vía Navegable Troncal y el puerto de Buenos Aires.
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