
Martínez de Giorgi sobreseyó a los Caputo por falta de pruebas en el financiamiento. Morel y otros cuatro irán a juicio oral por hechos de violencia.



La Justicia sobreseyó a los hermanos del ministro de Economía Luis Caputo en la causa que investigaba a la agrupación Revolución Federal al determinar que no hay sustento en la acusación de financiamiento. El juez a cargo consideró que las contrataciones por trabajos de carpintería no fueron falsas, ya que el edificio Espacio Añelo para el que fueron solicitados existe y los muebles están en el lugar.
La hipótesis de la parte acusatoria señalaba que las transferencias por más de $6,5 millones realizadas por Flavio, Hugo y Rosana Caputo a cuentas del líder de la agrupación, Jonathan Morel, eran en realidad un pago encubierto. Se sospechaba que la finalidad era financiar las actividades políticas de Revolución Federal, dado que el plazo de los trabajos coincidió con el accionar violento del grupo contra dirigentes peronistas.


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Sin embargo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi descartó que se pudieran comprobar posibles delitos en la transacción. «No hay prueba material alguna que indique que ese trabajo fue otorgado a los efectos de que Jonathan Morel se manifieste en contra del gobierno de ese entonces, ni de que los integrantes de la familia Caputo hayan tenido alguna participación en aquellos sucesos delictivos», expresó el magistrado en su fallo.
En su resolución, el juez agregó que tampoco se halló ningún elemento que permita suponer que los Caputo conocían la postura política de Morel antes de contratar sus servicios de carpintería. De esta forma, los tres hermanos quedaron formalmente apartados de la causa judicial y no estarán en el banquillo de los acusados.
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Por otra parte, el magistrado sí elevó la causa a juicio oral para los miembros de la agrupación de ultraderecha. Quienes serán juzgados por organizar marchas con antorchas y guillotinas son Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano. Estos hechos de violencia y amenazas ocurrieron en el período previo al atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner.















