Confirman que Estados Unidos utilizó jaulas como castigo en una cárcel de Florida

Un informe del Inspector General de EE. UU. reveló la práctica en Alligator Alcatraz, pero Seguridad Nacional calificó las acusaciones de falsas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos sostuvo que el centro de detención Alligator Alcatraz cumple con los mismos estándares federales aplicados durante administraciones anteriores, como las de Barack Obama y Joe Biden. El funcionario aseguró que las instalaciones estaban limpias y calificó de falsas las acusaciones sobre condiciones inhumanas o uso excesivo de la fuerza.

Estas declaraciones responden a un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS, que confirmó que 79 inmigrantes detenidos en esa cárcel de Florida fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas como medida disciplinaria. La investigación, publicada por el diario El País, determinó que esta práctica se aplicó desde que el centro comenzó a funcionar en julio de 2025 hasta una inspección sorpresa en enero de 2026.

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Según el reporte, algunas personas permanecieron en estas estructuras durante períodos de hasta casi dos horas. El personal del centro de detención denominaba a estos espacios “áreas para calmarse”. La OIG obtuvo fotografías de los recintos, que describió como estructuras metálicas de aproximadamente 1,30 metros por 1,30 metros y 2,36 metros de altura, recubiertos con una rejilla de pequeños cuadrados.

El organismo advirtió que el uso de estos recintos es excepcional y que representan “riesgos significativos para la salud y la seguridad” de las personas detenidas, por lo que recomendó suspender su utilización. Además, la OIG consideró que la práctica es inédita entre las instalaciones que ha inspeccionado y que no se ajusta a los estándares de trato humano.

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Por su parte, desde el entorno del gobernador de Florida, Ron DeSantis, también defendieron el funcionamiento de las instalaciones. El director de comunicaciones del gobernador, Alex Lanfranconi, afirmó que se trataba de un espacio destinado a inmigrantes detenidos por delitos violentos y sostuvo que cumplía con los estándares federales.

La inspección de la OIG se realizó cuando había alrededor de 1.500 personas detenidas en la instalación, poniendo el foco en que se trata de un procedimiento administrativo y no necesariamente de cargos criminales. El informe también detectó otros incumplimientos a los estándares federales de detención, incluyendo aspectos vinculados con la atención médica, la alimentación y la higiene.

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El Departamento de Seguridad Nacional agregó que las recomendaciones de la Oficina del Inspector General fueron cerradas administrativamente. Además, derivó las consultas sobre el tema al estado de Florida, que construyó y administró el centro a través de su División de Manejo de Emergencias.