
El Gobierno ampliará la denuncia judicial contra empresas que operen en las Islas Malvinas
Política15/09/2026
REDACCIÓNEl vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la medida, que se suma al rechazo de Cancillería a una guía británica para negocios en el archipiélago.



El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes por la mañana que el Gobierno ampliará la denuncia judicial presentada la semana pasada contra las empresas que operen en las Islas Malvinas. El anuncio fue realizado durante su habitual conferencia de prensa.
Esta decisión se enmarca en el “más enérgico rechazo” que la Cancillería, dirigida por Pablo Quirno, expresó a la guía británica “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. Según un comunicado oficial, el Reino Unido pretende con esta publicación promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en el archipiélago y sus espacios marítimos.


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En ese marco, el Gobierno argentino remarcó que ya ha enviado cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países diferentes. Además, se informó que actualmente se mantienen 60 procedimientos administrativos abiertos y se han presentado tres denuncias penales que involucran a 10 compañías y sus directivos.
Ravier aseveró que el oficialismo apuesta a sancionar a las firmas que vulneren los derechos argentinos y citó la postura del gobierno. «Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías», declaró el funcionario.
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Por otra parte, el vocero presidencial se refirió a la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y detalló sus funciones. «La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección Argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía», explicó.
Finalmente, la Cancillería reafirmó la postura histórica del país sobre el archipiélago. Sostuvo que tanto las islas como los espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante del territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido.
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