El Gobierno y los Eurnekian discuten extender la concesión de 35 aeropuertos hasta 2066
Turismo16/09/2026
REDACCIÓNLas negociaciones secretas se registraron en tres actas y enfrentan a la empresa con el Estado por la rentabilidad y un fondo fiduciario millonario.
Aeropuertos Argentina suspendió inversiones por 600 millones de dólares previstas hasta el 2030, en medio de una discusión con el Gobierno nacional para extender por casi 30 años la concesión de 35 aeropuertos. La empresa, vinculada a Eduardo y Martín Eurnekian, busca prolongar el control aeroportuario desde 2038 hasta 2066.
Estas negociaciones se registraron en tres actas secretas firmadas entre septiembre de 2025 y junio de 2026, mostrando cambios de postura dentro del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El primer documento, rubricado por Facundo Leal, entonces titular del ORSNA, y Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, planteó la extensión de la concesión, que beneficia a los antiguos jefes de Javier Milei en Corporación América.
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La justificación oficial para esta prórroga, que añadiría 28 años al contrato, se vincula con la Ley 27.742 (Ley Bases) y la necesidad de preservar el equilibrio económico del contrato. El entonces titular del ORSNA interpretó que la ley permitía prorrogar la concesión por un período equivalente al original ante razones de fuerza mayor o decisiones administrativas que alteraran la ecuación económica.
Este pedido de extensión se complica por un antecedente: Aeropuertos Argentina ya recibió una prórroga en 2020, durante la pandemia de coronavirus, que llevó el vencimiento original de 2028 hasta 2038. La Auditoría General de la Nación cuestionó esa extensión, lo que genera incertidumbre sobre la validez del acuerdo anterior y motiva la urgencia de la empresa por asegurar una nueva prórroga a largo plazo.
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La negociación actual quedó trabada por un punto económico central: la Tasa Interna de Retorno (TIR). Aeropuertos Argentina busca mantener una rentabilidad cercana al 16,45% o incluso incrementarla, mientras el Gobierno descartó aumentar las tarifas aeroportuarias para compensar el desequilibrio planteado por la empresa.
Un conflicto financiero adicional se relaciona con el Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Aeropuertos, que se alimenta del canon pagado por la concesionaria. Según los cuestionamientos, el Estado utiliza esos recursos para contratar obras que luego son ejecutadas por empresas vinculadas al propio grupo Eurnekian, lo que plantea interrogantes sobre la rentabilidad real obtenida.
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En cuanto a la postura gubernamental, las actas muestran que no fue uniforme. En octubre de 2025, Facundo Leal, junto a Noelia Ruiz, entonces integrante del Directorio del ORSNA, ratificó el acuerdo para la renegociación. Sin embargo, el 10 de junio de 2026, ya sin Leal al frente, Noelia Ruiz firmó una nueva acta que reanudó el procedimiento, pero degradó el acuerdo previo a un mero «antecedente de trabajo».
El ex titular del ORSNA, Facundo Leal, se encuentra detenido e investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otras acusaciones, lo que agrega un elemento judicial a la discusión. En ese expediente también aparecen la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz, la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y el controller Facundo Gaitán.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, llevó el caso al Congreso, cuestionando la discusión secreta de la extensión y reclamando conocer los motivos y las condiciones para una eventual nueva licitación. Fuentes gubernamentales indicaron que el acta se encuentra «paralizada» y que una posible reanudación de las conversaciones implicará la intervención de la Secretaría de Transporte.
Voces especializadas cuestionaron que una concesión que vence en 2038 pueda extenderse en 2026 o 2027, y señalaron que los vínculos previos entre el Presidente y los empresarios Eurnekian plantean interrogantes sobre la transparencia del proceso. Aún no existe una nueva concesión hasta 2066, pero la negociación ha atravesado múltiples etapas y está condicionada por la disputa sobre la rentabilidad y las inversiones.
El debate también abarca el funcionamiento diario de los aeropuertos, con cuestionamientos sobre el mantenimiento y la seguridad, incluyendo referencias a problemas en pistas e inundaciones. Sin embargo, el punto de mayor peso económico sigue siendo la gestión del fondo fiduciario y el uso de los recursos derivados de la concesión.
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