Ordenan a dos petroleras presentar informes y frenar su proyecto en Malvinas

Actualidad17/09/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La jueza Mariel Borruto, de Río Grande, hizo lugar a una medida cautelar de excombatientes y suspendió actividades del proyecto "León Marino" de Rockhopper y Navitas.

La jueza federal Mariel Borruto
La jueza federal Mariel Borruto

Las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum fueron intimadas por la Justicia Federal a presentar una serie de informes en un plazo de 10 días. La documentación requerida está vinculada al proyecto petrolero "León Marino" y a las actividades alcanzadas por una reciente resolución judicial.

La medida fue dispuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien ordenó a ambas compañías que se abstengan de iniciar o continuar cualquier acto material de ejecución del proyecto. Esta resolución alcanza tanto el comienzo de nuevas tareas como la continuidad de las acciones que ya estaban en marcha para ejecutar la iniciativa en el área de las islas Malvinas.


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En su fallo, la magistrada resolvió de manera explícita «Ordenar a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, en cuanto de ellas dependa, que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto ´León Marino´». La decisión establece así una restricción directa sobre las actividades que las compañías puedan realizar en relación con ese emprendimiento.

La causa judicial se originó a partir de una presentación realizada por excombatientes de la Guerra de Malvinas, quienes recurrieron a la Justicia para cuestionar las actividades del proyecto petrolero. La medida cautelar fue concedida por el juzgado federal con asiento en Río Grande, que ahora estableció las medidas concretas sobre las empresas involucradas.


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Además, el proyecto "León Marino" también fue objeto de una denuncia promovida por el Gobierno de Javier Milei contra las mismas compañías. La intervención de la Justicia Federal introduce así una instancia distinta en el desarrollo del emprendimiento, aunque la cautelar no representa una resolución definitiva sobre el fondo de la causa.

Mientras la medida se mantenga vigente, el expediente judicial continuará con la incorporación de los informes solicitados a las empresas petroleras. El contenido de esa documentación y las próximas decisiones del juzgado serán parte del proceso para definir el alcance de los planteos realizados contra el proyecto.


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