El Poder Ejecutivo nacional quiere encauzar las conversaciones por el presupuesto para las Universidades
Política20/09/2026
REDACCIÓNEl Poder Ejecutivo nacional busca encauzar las conversaciones con sus bloques aliados y sectores involucrados, admitiendo que los cambios iniciales desordenaron acuerdos.
El Gobierno nacional se encuentra abocado a achicar una diferencia de $3,65 billones en la negociación por el Presupuesto 2027 para las universidades públicas. La estrategia apunta a incrementar la oferta inicial enviada al Congreso, buscando reconfigurar el escenario judicial actual que dio origen a varias demandas.
El proyecto oficial asigna $7,349 billones para el funcionamiento e inversión de las casas de estudio, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama un total de $11 billones. En la Casa Rosada confían en que una asignación presupuestaria superior permita desactivar las cautelares y demandas por la recomposición salarial previstas en la Ley 27.795.
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En paralelo, el Poder Ejecutivo también abrió la puerta a revisar las partidas destinadas a Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027. Esta medida busca encauzar las conversaciones con sus bloques aliados, PRO y UCR, y los sectores directamente involucrados.
En el capítulo de Discapacidad, el oficialismo intenta desactivar la tensión generada por cambios propuestos en el texto original, que incluso provocaron diferencias en la interna. El Gobierno busca evitar la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) para el próximo año.
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A cambio de no prorrogar la emergencia, el oficialismo ofrece acordar un refuerzo de fondos, mantener compensaciones reclamadas por los prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024, y fijar un esquema permanente. La controversia se centra en la intención oficial de eliminar el nomenclador universal único por financiador y permitir que cada prestador determine sus valores sobre la base de un piso.
En ese marco, la Secretaría de Discapacidad oficializó un incremento mensual del 1,7% para septiembre, basándose en el régimen vigente. En Balcarce 50 admiten que las modificaciones incluidas inicialmente en la iniciativa desordenaron el esquema de acuerdos.
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