CEPA analizó las cuentas públicas de agosto: superávit fiscal, ingresos en baja, gasto 28,9% menor que en 2023 y la distancia con la meta del FMI.
El Sector Público Nacional cerró agosto con resultado primario y financiero positivo, pero el informe fiscal del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone el foco en la composición de esas cuentas. Los ingresos volvieron a caer en términos reales y el gasto permanece casi 29% por debajo de agosto de 2023. El estudio también plantea una lectura alternativa del resultado financiero si se incorporan los intereses capitalizados de títulos públicos y analiza la distancia que resta para alcanzar la meta acordada con el FMI.
El Gobierno nacional volvió a mostrar números fiscales positivos en agosto de 2026. El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,99 billones y, luego del pago de $1,35 billones en intereses de deuda, obtuvo un resultado financiero favorable de aproximadamente $0,64 billones. El dato central del informe de CEPA, sin embargo, es que el equilibrio continúa apoyándose en un nivel de gasto considerablemente inferior al existente antes del cambio de administración. Los ingresos totales llegaron a $15,03 billones y cayeron 1% interanual en términos reales, mientras que las erogaciones sumaron $13,04 billones y se redujeron 0,5%. Los montos nominales coinciden con la información difundida por el Ministerio de Economía el 18 de septiembre.
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La diferencia se vuelve considerablemente mayor cuando la comparación se realiza con agosto de 2023. Los recursos del Sector Público Nacional se encuentran 17,1% por debajo de aquel nivel en términos reales y los gastos muestran una reducción de 28,9%. De acuerdo con el análisis de CEPA, la caída más pronunciada de las erogaciones es la que permite compensar la pérdida de ingresos y sostener el superávit. El informe señala que esa característica, iniciada con el ajuste de 2024, continúa presente durante 2026 y constituye uno de los principales factores para interpretar las cuentas públicas actuales.
El documento también observa un deterioro del resultado cuando se compara el acumulado con los dos años anteriores. Descontando los recursos extraordinarios derivados de la privatización de centrales hidroeléctricas, el superávit fiscal de los primeros ocho meses de 2026 resultó 39,1% inferior en términos reales al de igual período de 2024 y 23,6% menor que el de 2025. De esta manera, el equilibrio continúa vigente, aunque con un margen real inferior al observado durante los años anteriores de la actual gestión.
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Uno de los apartados más relevantes del estudio aparece al analizar cómo se contabilizan los intereses de determinados instrumentos de deuda en pesos. El Tesoro utiliza títulos capitalizables, entre ellos LECAP, BONCAP y DUALES, cuyos intereses se incorporan al capital y son abonados al vencimiento. CEPA sostiene que esos intereses capitalizados no aparecen como un pago corriente dentro del resultado financiero informado para el período en el que se generan y propone incorporarlos para obtener una medición alternativa. Esa observación modifica de manera significativa la lectura del saldo fiscal presentada en el informe.
En agosto, los intereses capitalizados considerados por CEPA ascendieron a $2,29 billones. Bajo la metodología utilizada en el informe, el superávit financiero oficial de $0,64 billones se transformaría en un déficit de $1,66 billones si se incorporara esa suma. Para los primeros ocho meses de 2026, CEPA calcula $18,63 billones de intereses capitalizados frente a un resultado financiero positivo de $2,34 billones, por lo que su medición alternativa arrojaría un saldo negativo de $16,29 billones. El centro de estudios extiende el cálculo desde enero de 2024 y estima que el resultado acumulado sería un déficit de $57,52 billones en lugar de un superávit de $5,56 billones.
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Por el lado de los recursos, agosto dejó una mejora parcial que todavía no alcanzó para revertir la tendencia general. Los ingresos totales de $15,03 billones significaron una caída real interanual del 1% y extendieron a 13 meses consecutivos la serie de retrocesos frente al mismo mes del año anterior. Los ingresos tributarios, en cambio, crecieron 1,2% real interanual y cortaron una secuencia de 14 meses de disminuciones. CEPA atribuye ese comportamiento principalmente a los derechos de exportación y a una base de comparación particularmente baja en agosto de 2025.
Las diferencias entre impuestos fueron amplias. Ganancias aumentó 12,1% real interanual y los derechos de exportación crecieron 76,8%, mientras que el IVA disminuyó 4,9%, Débitos y Créditos cayó 9,1%, Bienes Personales retrocedió 4,5%, Impuestos Internos bajó 18,8% y los derechos de importación perdieron 18,5%. El IVA acumuló diez meses consecutivos de caídas reales interanuales, un indicador que CEPA vincula con la debilidad que todavía observa en el consumo interno. El impuesto representó durante agosto el 20,3% de todos los ingresos del Sector Público Nacional.
El fuerte crecimiento de los derechos de exportación tampoco modifica, para CEPA, el efecto acumulado de las reducciones de alícuotas aplicadas previamente. El centro calcula que la disminución de retenciones produjo durante los primeros ocho meses de este año una pérdida de recaudación de $2,38 billones a precios constantes de agosto de 2026. El informe explica que la suba mensual de 76,8% estuvo influida por la baja base de comparación de agosto de 2025, cuando había finalizado el adelantamiento de liquidaciones realizado para aprovechar reducciones temporarias. Por esa razón, el estudio considera que el incremento de agosto debe analizarse dentro de una trayectoria anual más amplia.
La otra cara de las cuentas públicas aparece en el gasto. Las erogaciones totales alcanzaron $13,04 billones y quedaron prácticamente estables frente a agosto de 2025, con una baja real de apenas 0,5%, pero la diferencia frente a 2023 sigue siendo muy marcada. El gasto total se encuentra 28,9% por debajo de agosto de 2023 y el promedio móvil de los últimos doce meses muestra una reducción de 28,8% en el gasto primario desde noviembre de aquel año. CEPA identifica allí la continuidad del proceso de consolidación fiscal iniciado durante 2024.
La distribución de esa reducción muestra además impactos muy diferentes entre las partidas. En el promedio móvil de doce meses, los gastos de capital se redujeron 79,9% real desde noviembre de 2023, las transferencias a provincias 70,6% y los subsidios económicos 47,9%. Las prestaciones sociales registraron una baja real de 14,8% en ese período, pero la Asignación Universal por Hijo se movió en sentido contrario y aumentó 67,4%. Los salarios públicos, de acuerdo con el gráfico elaborado por CEPA, se ubicaron alrededor de 29% por debajo de noviembre de 2023.
La fotografía específica de agosto confirma esa heterogeneidad dentro del gasto social. Las prestaciones sociales fueron 13,6% menores en términos reales que en agosto de 2023, pero la Asignación Universal para Protección Social creció 95,6%. Jubilaciones y pensiones contributivas quedaron 5,5% por debajo de 2023; las asignaciones familiares retrocedieron 27,7%; las pensiones no contributivas, 12,6%; y la categoría denominada "Otros programas", 59,7%. CEPA remarca que dentro de este último grupo aparecen políticas como Tarjeta Alimentar, asistencia a comedores y merenderos, programas derivados de Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.
Los subsidios económicos también reflejan una transformación importante frente a 2023. Durante agosto fueron 46% inferiores en términos reales, con una caída de 49,1% en energía y 26,2% en transporte. Al mismo tiempo, el comportamiento reciente de los subsidios energéticos fue diferente: el gasto acumulado en los primeros ocho meses aumentó 31,4% y el acumulado móvil de doce meses alcanzó $8,94 billones a valores de agosto. El informe relaciona esa recuperación reciente del gasto energético con el aumento internacional del precio de los combustibles asociado al conflicto en Irán.
En transporte, CEPA calcula una reducción real acumulada de 40,1% respecto de 2023 y de 10% frente a los primeros ocho meses de 2025. El estudio relaciona ese comportamiento principalmente con la suspensión de compensaciones tarifarias para el transporte público del AMBA gestionadas mediante Red SUBE. A valores constantes de agosto, el centro de estudios cuantifica en $1,56 billones el recorte realizado durante 2026 en esos subsidios. El documento compara además esa cifra con los recursos que, según sus cálculos, dejaron de ingresar por la reducción de retenciones a las exportaciones.
Los gastos de funcionamiento presentan otra de las contracciones más pronunciadas. En agosto fueron 35,9% inferiores en términos reales a los de 2023, con una caída de 32,6% en salarios públicos. En los primeros ocho meses del año, la reducción acumulada del gasto de funcionamiento llegó al 28,6% y la de las remuneraciones al 29,2%. CEPA atribuye buena parte de esa baja al rezago de los salarios estatales frente a la inflación durante el período analizado.
Las universidades nacionales mostraron una mejora de 9,7% frente a agosto del año pasado, aunque el contraste de más largo plazo mantiene números negativos. La ejecución estuvo 17,5% por debajo de agosto de 2023 y acumuló una caída real de 23,8% durante los primeros ocho meses de 2026. El informe señala que la discusión vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continúa judicializada luego del recurso extraordinario presentado por el Gobierno ante la Corte Suprema. La publicación oficial del resultado fiscal de agosto, por su parte, informó que las transferencias a universidades aumentaron nominalmente 46,4% interanual durante el mes.
El vínculo financiero con las provincias aparece entre los puntos de mayor reducción cuando se toma 2023 como referencia. Las transferencias corrientes fueron 15,2% menores que en agosto de 2025 y acumularon una contracción real de 75,5% frente al mismo mes de 2023. El informe aclara que parte de esa baja fue amortiguada por pagos vinculados al cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema sobre fondos correspondientes al traspaso de funciones de seguridad. El documento no presenta en este apartado un desglose provincia por provincia que permita trasladar directamente ese porcentaje a Chubut u otra jurisdicción en particular.
La inversión vinculada con obra pública continúa muy por debajo de los valores de tres años atrás, aunque agosto mostró un rebote respecto de 2025. Los gastos de capital aumentaron 42,5% real interanual, pero se mantuvieron 74,7% por debajo de agosto de 2023. La mejora frente al año pasado convive así con un nivel de inversión pública sustancialmente menor cuando se amplía la comparación temporal. CEPA interpreta el incremento mensual como una reorientación acotada de partidas para reactivar determinadas obras; su asociación con la desaceleración económica y el calendario electoral constituye una interpretación del centro de estudios y no un dato presupuestario en sí mismo.
El último frente analizado es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La segunda revisión del programa modificó los objetivos fiscales y estableció para diciembre de 2026 un piso acumulado de resultado primario de aproximadamente $16,26 billones, cifra que también consta en la documentación del organismo. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla para este año un superávit de $15,54 billones, es decir, $0,72 billones menos que la meta del FMI mencionada por CEPA. El centro agrega una segunda estimación propia: si durante los meses restantes se repitiera la estacionalidad de 2025, el resultado terminaría cerca de $12,14 billones, $4,12 billones por debajo del objetivo.
La lectura de las cuentas públicas, por lo tanto, presenta dos planos diferentes. El Ministerio de Economía destaca que agosto terminó con superávit primario y financiero y que en ocho meses el saldo financiero acumulado equivale aproximadamente al 0,2% del PBI, con un primario cercano al 1,1%. CEPA concentra su análisis en el costo y la composición de ese resultado: menores ingresos reales que en 2023, una reducción todavía mayor del gasto y una medición alternativa que incorpora los intereses capitalizados de la deuda en pesos. Esa combinación explica por qué el informe reconoce la continuidad del superávit pero plantea interrogantes sobre su composición, el nivel de las distintas partidas presupuestarias y el margen disponible para cumplir con la meta fiscal de diciembre.
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