Cinco legisladores firmaron en Punta Arenas una declaración que reclama el control exclusivo de la vía marítima y fondos para vigilancia, seguridad y desarrollo.
Un grupo de senadores chilenos anunció que buscará incorporar en la discusión del Presupuesto Nacional 2027 un aumento de fondos para las necesidades de la zona austral. La iniciativa busca reforzar las capacidades de vigilancia y resguardo en el área del Estrecho de Magallanes. La medida también apunta a mejorar la seguridad, la libertad de navegación y la conectividad, junto con el desarrollo del comercio marítimo.
La presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, planteó que la soberanía debe expresarse a través de la presencia estatal y políticas concretas en la región. Según un comunicado oficial, la legisladora afirmó que la soberanía se resguarda día a día mediante decisiones y señales políticas. Estas declaraciones enmarcan la petición presupuestaria como una acción directa para consolidar la posición del país en el extremo sur.
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El anuncio se produjo durante la firma de una declaración en Punta Arenas, en el marco de la conmemoración de los 183 años de la toma de posesión del Estrecho. El documento fue suscrito por Núñez y los senadores Rodolfo Carter, Ximena Órdenes, Gastón Saavedra y Karim Bianchi. En el texto, los parlamentarios plantean que el paso se encuentra bajo control y soberanía exclusiva de Chile.
La declaración también se centró en el régimen jurídico que regula la navegación y el comercio en la vía marítima. Los legisladores remarcaron el derecho de los habitantes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes a desarrollar sus actividades comerciales sin restricciones. Subrayaron que estas no deben exceder las que ya están contempladas en los acuerdos bilaterales vigentes.
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En ese marco, la presidenta del Senado chileno sostuvo que los tratados no deben ser reinterpretados. «Ese derecho no admite interpretaciones que desnaturalicen el régimen establecido en los tratados ni dilaciones en su cumplimiento», afirmó Núñez. La declaración parlamentaria mencionó explícitamente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 como el marco legal vigente.
Esta postura se da tras una controversia bilateral registrada en las últimas semanas por un decreto argentino de 2021 que aludía a un “espacio compartido”. A comienzos de septiembre, el Senado chileno ya había reclamado que Argentina formalizara la derogación de dicha normativa. Por su parte, la Cancillería argentina fijó su posición oficial el 25 de agosto, indicando que el país se rige por los tratados de 1881 y 1984.
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El gobierno argentino considera que ambos instrumentos diplomáticos permanecen vigentes y son definitivos. Además, desde la diplomacia argentina se destacó la cooperación bilateral con Chile en el extremo austral. El Tratado de Paz y Amistad de 1984, según la documentación oficial argentina, establece que el Estrecho de Magallanes permanece neutralizado a perpetuidad.
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