Mendoza impulsa proyecto minero de cobre que vinculará minería y vitivinicultura
Actualidad23/09/2026
REDACCIÓNEl emprendimiento Cobre San Romeleo, con una inversión estimada de 3 millones de dólares, busca producir sulfato de cobre para fungicidas agrícolas en la provincia.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Cobre San Romeleo, que contempla una inversión estimada de USD 3 millones para su puesta en funcionamiento y una producción de 40 toneladas de mineral diarias. La iniciativa busca producir óxido de cobre destinado a la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos, un insumo clave para la vitivinicultura mendocina y otros cultivos regionales.
La DIA para la etapa de explotación minera metalífera fue aprobada por la Autoridad Ambiental Minera y ahora requiere la ratificación legislativa, según la normativa vigente. El yacimiento posee reservas estimadas en 257.000 toneladas de cobre y tiene un horizonte de explotación previsto de aproximadamente 20 años.
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La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que «Cobre San Romeleo completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental, con la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales». La funcionaria agregó que se trata de «un proyecto de pequeña escala que además presenta una vinculación concreta con otra actividad productiva estratégica para Mendoza», refiriéndose a la elaboración de sulfato de cobre para la agricultura.
En ese marco, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, afirmó que «San Romeleo es un claro ejemplo de que minería y agricultura no son actividades contrapuestas, sino que pueden complementarse y generar valor en distintos eslabones de la matriz productiva de Mendoza». Sostuvo que producir localmente los insumos agrícolas significa avanzar hacia una matriz productiva más integrada y reducir las dependencias externas.
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El proyecto se localizará en el Puesto Aguas de Isaac, Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. La operación estará a cargo de AREX MINING SA y el titular proponente es LABSA SA. El procesamiento del mineral de cobre se realizará mediante un sistema de disolución amoniacal en circuito cerrado, recuperando y recirculando los principales reactivos empleados, y capturando y reutilizando los gases generados para reducir el consumo de reactivos y la generación de efluentes.
La evaluación ambiental del proyecto incluyó un exhaustivo Dictamen Técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con informes de diversos organismos sectoriales. El director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, explicó que las observaciones formuladas durante el proceso fueron analizadas y las condiciones ambientales resultantes quedaron incorporadas a la DIA.
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Por otra parte, el procedimiento contempló múltiples instancias de participación ciudadana, incluyendo talleres y una Audiencia Pública realizada en diciembre de 2025 bajo modalidad híbrida, con presencia en Malargüe y conexión virtual. Las intervenciones fueron analizadas en un Informe Circunstanciado aprobado por la Autoridad Ambiental Minera.
Además, la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos provinciales y municipales, instituciones científicas y universidades como el INTA y la Universidad Tecnológica Nacional, participó en el proceso. Su trabajo culminó con un Informe Único Final cuyas recomendaciones fueron consideradas en la Declaración de Impacto Ambiental.
La DIA establece un esquema de obligaciones y controles organizado por etapas, desde la pre-construcción hasta el cierre y postcierre, este último con un Plan de Monitoreo Ambiental de cinco años como mínimo. Se exige a la empresa la presentación de una Línea de Base Ambiental, un Plan de Monitoreo Ambiental, un Plan de Monitoreo Social y un Plan de Contingencias, además de constituir una garantía suficiente para asegurar la recomposición de posibles daños ambientales.
Entre las condiciones, la protección del recurso hídrico es central, requiriendo el permiso de uso de agua del Departamento General de Irrigación e información detallada sobre los sistemas de impermeabilización y manejo de efluentes. La empresa deberá presentar la ingeniería de las principales instalaciones, como el dique de colas y las escombreras, e implementar programas de monitoreo de aguas, suelos, aire, flora y fauna durante todas las etapas.
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