Rechazan domiciliaria a Cilia Flores por riesgo de fuga y peligro a la comunidad

La esposa de Nicolás Maduro, acusada de narcotráfico, enfrenta 40 años. Nueva York rechazó su domiciliaria por riesgo de fuga e intimidación de testigos.

Cilia Flores, de 69 años, enfrenta una posible condena mínima de 40 años de prisión en caso de ser hallada culpable de los cargos en su contra. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, esta severa pena potencial constituiría un fuerte incentivo para que la acusada intente huir de la justicia estadounidense.

La exprimera dama de Venezuela y su esposo, Nicolás Maduro, enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los cuales ambos se han declarado inocentes. Los fiscales destacaron en su presentación que los acusados “recurrieron a la violencia extrema para promover su tráfico de drogas y corrupción, ordenando secuestros, palizas y asesinatos”.

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Por este motivo, el Gobierno de Estados Unidos rechazó el pedido de la defensa de Flores para que cumpla su detención en una residencia privada. El argumento central de la fiscalía fue que la detenida presenta “un riesgo extremo de fuga” y constituye “un peligro para la comunidad”.

La solicitud, presentada hace dos semanas, se basaba en motivos de salud, apuntando a que Flores no tiene antecedentes penales. Los abogados remarcaron que ella pudo haber sufrido un infarto leve en julio y necesita ser sometida a procedimientos invasivos que requieren una recuperación en mejores condiciones que las del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

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Los fiscales, sin embargo, indicaron que el argumento médico “carece de fundamento” y que el cateterismo propuesto fue mencionado solo como una condición para su liberación. Además, advirtieron que si quedara en libertad bajo fianza, Flores representaría un peligro para Venezuela, ya que “podría intentar intimidar directamente a testigos y víctimas”.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó una audiencia sobre el tema para el próximo 8 de octubre. La defensa de Flores tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar su respuesta al documento de la fiscalía, mientras el juicio tiene como fecha de inicio el 1 de junio de 2027.

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Como parte de su propuesta, la defensa había sugerido un estricto régimen de vigilancia para el arresto domiciliario. Este incluía la custodia de una residencia privada con vigilancia armada las 24 horas, monitoreo por GPS, visitas restringidas y la intervención de sus llamadas telefónicas.