Argentina tiene decenas de disputas por límites, recursos y regalías, con más de 100 casos en la Corte. Muchos se basan en decretos o acuerdos coloniales.
Apenas el 14% de los límites entre las provincias de Argentina están establecidos por leyes aprobadas en el Congreso Nacional, tal como lo exige la Constitución. Esta situación es uno de los núcleos principales de la conflictividad territorial que atraviesa el país, generando un complejo entramado jurídico. El 86% restante de las fronteras se rige por decretos de dictaduras, laudos arbitrales del siglo XIX sin aval parlamentario y hasta acuerdos heredados de la época colonial.
Esta falta de demarcación legal ha derivado en centenares de expedientes judiciales. Según registros de la Corte Suprema de Justicia, existen alrededor de 110 juicios iniciados por una provincia contra otra, aunque el número podría ser mayor. A esto se suman unas 70 demandas provinciales contra el Estado Nacional y al menos 5 expedientes iniciados por la Nación contra distintas gobernaciones.
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Las disputas abarcan reclamos por recursos estratégicos como el agua, la minería, la energía y el turismo. Entre los enfrentamientos más relevantes se encuentra el de Mendoza y La Pampa por el Río Atuel; Salta y Catamarca por yacimientos de litio; y Entre Ríos y Santa Fe por la soberanía de islas formadas por el cambio de cauce del río Paraná.
Otros conflictos incluyen a Río Negro y Neuquén por la pertenencia de la Isla Victoria en el lago Nahuel Huapi, y a Salta y Jujuy por tierras ricas en minerales y poblaciones que quedaron en el territorio vecino por una demarcación cuestionada. También existen pujas entre La Rioja y San Juan por un área con potencial de petróleo y gas, y entre Santiago del Estero y Catamarca por una zona fronteriza de 2.000 kilómetros cuadrados.
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El caso más emblemático es el que enfrenta a La Pampa con Mendoza por el río Atuel, una controversia que se extiende por casi 80 años. El conflicto se originó en 1947 con la construcción de la represa Los Nihuiles, que redujo drásticamente el caudal del río que llegaba a territorio pampeano. A la disputa ambiental se sumó, desde 1973, la económica, por la distribución de las regalías generadas por la central hidroeléctrica.
La tensión escaló en las últimas semanas luego de un decreto del gobierno de Javier Milei que modificó el reparto de regalías, beneficiando a Mendoza y perjudicando a La Pampa. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, anunció una medida cautelar en la Justicia Federal para frenar la norma. «Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El río Atuel también es pampeano», afirmó el mandatario.
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Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le respondió a su par a través de las redes sociales. «Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene», sostuvo el mandatario radical. Cornejo además anticipó que podría pedir a la Corte que La Pampa devuelva regalías pagadas durante medio siglo, una cifra que podría alcanzar los 680 millones de dólares.
Expertos constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez señalan que la Carta Magna ideó mecanismos de solución pacífica a través de la Corte Suprema. Sin embargo, advirtió que «los problemas comienzan cuando las provincias contendientes no cumplen de buena fe lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas que esta resuelve». Esto debilita, en su opinión, el propio pacto federal.
Por otra parte, un estudio del Instituto Geográfico Nacional publicado en 2011 sistematizó la información disponible sobre los límites interprovinciales. La investigación, apoyada en nuevas tecnologías y relevamientos satelitales, demostró que existen muchos tramos sin demarcar en varias jurisdicciones, como entre Corrientes, Chaco y Santa Fe; y que en el caso de Salta y Jujuy esa indefinición abarca toda la línea interprovincial.
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