¿Las nuevas normas pueden entrega ecursos en la Patagonia y el Mar Argentino a capitales extranjeros?

Organizaciones ambientales denuncian que la Ley de Tierras y la transparencia pesquera permiten negociar recursos a espaldas de la ciudadanía.

Una delegación de quince empresas exportadoras viajó a París durante los primeros días de octubre para ofrecer langostino salvaje y vieira a compradores europeos. Esta misión comercial se realizó en la feria Argentina Week y contó con el respaldo de la Secretaría General de la Presidencia y del Consejo Federal Pesquero.

En paralelo, organizaciones civiles cuestionan que mientras el Estado promociona ventas en el exterior, a nivel local niega el acceso a información básica sobre el manejo de los recursos. La crítica apunta a la diferencia entre la trazabilidad comercial exigida por las aduanas europeas y la falta de transparencia hacia la sociedad civil argentina sobre quiénes explotan los bienes comunes.

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El avance sobre los recursos naturales se evidencia también en el Congreso, donde la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados mantiene frenada la ley de transparencia pesquera. A esto se suma que un proyecto de ley de trazabilidad, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, lleva 10 años sin tratamiento ni aprobación parlamentaria.

Por otra parte, la derogación de la Ley de Tierras Rurales a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia eliminó los límites para que corporaciones y capitales extranjeros adquieran grandes extensiones de tierra. Esta medida afecta principalmente a enclaves de la Patagonia vinculados al agua dulce, la biodiversidad y la producción en zonas de frontera.

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Desde la organización Sin Azul No Hay Verde, su responsable de Políticas Públicas, Mariana Regueira, afirmó que la situación expresa una falla de gobernanza. «Cuando las decisiones sobre bienes naturales estratégicos se toman sin debate público, sin información accesible y sin participación ciudadana, el problema es ambiental, económico, pero fundamentalmente es institucional», señaló.

El coordinador de la misma organización, Juan Coustet, sostuvo que se ha vuelto una constante que un grupo reducido decida sobre el patrimonio natural. «lamentablemente, en Argentina parece haberse vuelto una constante que un grupo reducido de personas decida sobre el destino de nuestro patrimonio natural», remarcó, y agregó que la opacidad y la falta de fiscalización concentran los beneficios y socializan los costos ambientales.

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Las agrupaciones ambientalistas exigen que la industria pesquera adopte estándares internacionales rigurosos para garantizar un manejo auditable. Entre sus reclamos, piden la aplicación de las normas de la iniciativa FiTI, las herramientas anticorrupción de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE.

Frente a la falta de respuestas, las organizaciones ya presentaron una solicitud formal ante el Consejo Federal Pesquero para la creación de un registro público de embarcaciones. La propuesta busca transparentar información sobre licencias, cuotas y beneficiarios finales del Atlántico Sur.