Bolivia obtiene histórico financiamiento del FMI y reforma la Ley del Ministerio Público

El FMI aprobó un crédito de 1.900 millones de dólares para estabilizar la economía; el Gobierno modificó la ley para cesar al fiscal general.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes un acuerdo de financiamiento para Bolivia por 1.900 millones de dólares, con un desembolso inmediato de 214 millones. Esta decisión, informada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, marca una nueva etapa en el programa de estabilización económica impulsado por el Gobierno nacional.

El acuerdo se establece bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y tendrá una duración de 36 meses. Los desembolsos se realizarán de manera gradual, sujetos al cumplimiento de los compromisos previamente establecidos en el programa.

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El Gobierno boliviano prevé que los recursos se destinarán principalmente al fortalecimiento de las reservas internacionales y al respaldo de la balanza de pagos. La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI convierte en financiamiento efectivo un acuerdo alcanzado previamente a nivel técnico.

La Asamblea Legislativa de Bolivia había aprobado este acuerdo el 18 de septiembre, obteniendo más de dos tercios de respaldo en ambas cámaras. Este financiamiento externo es una pieza central de la estrategia gubernamental para recomponer su posición económica externa.

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En paralelo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una reforma de la Ley del Ministerio Público que introduce nuevas causales para la suspensión definitiva del fiscal general del Estado. La nueva normativa habilita a la Asamblea Legislativa a designar una autoridad interina en caso de que se configuren las condiciones previstas.

Entre las causales figura la imputación formal o la imposición de una medida cautelar personal por delitos graves. La reforma establece que la suspensión definitiva implica la interrupción inmediata y el cese de funciones del fiscal general, garantizando así la continuidad del Ministerio Público con una designación provisoria.

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Esta promulgación se produce en medio de una investigación penal contra el fiscal general, Roger Mariaca, quien permanece detenido y enfrenta una imputación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para Mariaca y otros imputados en centros penitenciarios de La Paz.

La Fiscalía también imputó al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al fiscal superior Martín Irusta, y al alcalde de la Policía, Rubén Aparicio. El presidente Paz afirmó durante el acto de promulgación que «Hoy día, el Parlamento decidió; decidió sobre una verdad y una verdad que Bolivia vio y que necesitaba de la decisión de sus instituciones».

El programa económico, según el Ministerio, contempla además medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público, reforzar las instituciones fiscales, modernizar los marcos monetarios y cambiarios, y mejorar la transparencia y la gobernanza económica. Estas reformas buscan crear condiciones para recuperar la inversión, la producción y el empleo en el país.