Una organización internacional denunció al fiscal Fernando Arrigo por el casu de abuso y secuestro

Policiales04/10/2026

La entidad, acreditada ante la ONU, solicitó su apartamiento de la investigación por presunta trata de personas en Bariloche y la apertura de un proceso disciplinario.

La organización internacional Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC) solicitó la apertura de un procedimiento disciplinario contra el fiscal Fernando Arrigo y su apartamiento de la causa que se le sigue a Konstantin Rudnev en Bariloche. La entidad presentó una denuncia formal ante el Procurador General de la Nación por la actuación del funcionario en la investigación de presunta trata de personas.

CAP-LC cuestionó la insistencia de la Fiscalía en presentar a Elena Makarova como víctima, a pesar de que la joven rusa negó públicamente serlo y rechazó la interpretación de su situación. En sus documentos, la organización afirmó que «La insistencia en presentarla como víctima contradice sus declaraciones documentadas», lo que plantea interrogantes sobre el respeto a su autonomía personal, considerando las manifestaciones públicas, escritos y denuncias que Makarova realizó.

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Por otra parte, la denuncia se refirió a la utilización de información procedente de la Federación Rusa en la investigación. La organización sostiene que los antecedentes elaborados por organismos de seguridad y judiciales rusos sobre disidentes políticos y religiosos deberían ser sometidos a un análisis especialmente riguroso antes de ser considerados elementos confiables, algo que, según CAP-LC, el fiscal no ha hecho.

La entidad advirtió que organismos internacionales y especialistas en derechos humanos alertaron sobre los riesgos de emplear información originada en Rusia sin controles suficientes, en casos vinculados con disidentes. Para CAP-LC, esto podría afectar la construcción misma de la hipótesis acusatoria en la causa contra Rudnev.

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En ese marco, la denuncia también apuntó al uso de la prisión preventiva contra Rudnev y a la oposición de la Fiscalía al arresto domiciliario. CAP-LC recordó que, según los estándares internacionales, la prisión preventiva debe ser excepcional y proporcional, y acusó a Arrigo de usarla como herramienta de presión, lo que deberá ser analizado por las autoridades competentes.

La organización señaló que la negativa del fiscal a considerar alternativas a la detención contradice los principios de necesidad y proporcionalidad. Según CAP-LC, los riesgos procesales invocados podrían ser cautelados mediante una medida menos restrictiva que el alojamiento en un establecimiento penitenciario.

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Además, el quinto cuestionamiento se vincula con el estado de salud del imputado Rudnev y los informes médicos incorporados en los últimos meses. La denuncia sostiene que especialistas independientes advirtieron sobre los riesgos de su regreso a una unidad penitenciaria, y acusó al fiscal de no otorgar suficiente relevancia a esas advertencias médicas.

CAP-LC ya había realizado dos presentaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las que cuestionó la actuación de Arrigo en la investigación, y esta denuncia formal trasladó esos planteos al ámbito disciplinario argentino. La organización explicó que la decisión de denunciar fue adoptada tras analizar nueva información y la evolución del proceso judicial, afirmando que «El patrón que se desprende es incompatible con los estándares que deben regir la conducta de un funcionario público encargado de la persecución penal».