La oposición relaciona la ciudadanía por inversión con la derogación de la Ley de Tierras
Política05/10/2026
REDACCIÓNOposición vincula ciudadanía por inversión con adquisición de tierras; oficialismo destaca estrictos controles para evitar lavado de activos.
Legisladores opositores relacionaron el Programa de Ciudadanía por Inversión con la derogación de la Ley de Tierras, cuestionando que la iniciativa permitiría el acceso a la propiedad de tierras rurales. Esta discusión se produce pocos días después de que la Corte Suprema dejara vigente la derogación de la Ley de Tierras, impulsada por el DNU 70/2023.
El programa, presentado por el Gobierno durante la Argentina Week en París, contempla la posibilidad de solicitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026.
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La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, cuestionó que el programa no exija residencia permanente ni una inversión concreta en el territorio argentino. Según su interpretación, este mecanismo podría facilitar el acceso a la propiedad de tierras, sorteando las restricciones vinculadas a la adquisición por parte de extranjeros.
Agustín Rossi también criticó el esquema y lo presentó como un atajo para eludir las limitaciones sobre la adquisición de tierras. El dirigente opositor sostuvo que «Una ciudadanía comprada se convierte en un atajo».
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Desde el oficialismo, sin embargo, remarcan que la ciudadanía no se concede automáticamente por realizar el aporte económico. El Gobierno sostiene que la iniciativa busca atraer capital extranjero y cada solicitud estará sujeta a una rigurosa evaluación individualizada, incluyendo la verificación de identidad, antecedentes y situación financiera de los postulantes.
El proceso de evaluación incorpora la participación de organismos clave como la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad e Interior, con procedimientos específicos para detectar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Ejecutivo defiende que el programa integra controles exhaustivos antes de aprobar cada solicitud.
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En paralelo, un sector de la oposición impulsa una sesión en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar sobre el DNU 70/2023. El artículo 154 de este decreto derogó la Ley 26.737, la cual protegía el dominio nacional sobre las tierras rurales y establecía límites para la propiedad de extranjeros.
Un proyecto ya ingresado en Diputados, con expediente 5217-D-2026, propone derogar dicho artículo y restablecer la plena vigencia de la Ley 26.737. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
El régimen anterior, que la oposición busca reinstaurar, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, fijaba un tope del 30% dentro de ese porcentaje para personas de una misma nacionalidad, y contemplaba límites específicos para determinadas superficies y zonas estratégicas.
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