El fiscal Gerardo Pollicita planteó 29 nuevas dudas a la PFA, que deberá responder sobre la causa de enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete.
Las ocho billeteras virtuales de bitcoin del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni continúan bajo pericia de la Policía Federal (PFA), en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Estas direcciones de criptoactivos quedaron en la mira judicial luego de que el exfuncionario explicara que los US$ 591.000 que no había declarado provenían de «ventas de activos», una justificación que presentó en una rectificación de sus declaraciones juradas.
El fiscal Gerardo Pollicita busca responder 29 nuevas dudas que surgieron de la investigación, y para ello el Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA tiene a cargo una exhaustiva verificación criptográfica. Los especialistas deberán analizar en profundidad las direcciones de criptoactivos que Adorni presentó ante la Justicia, y sobre las cuales afirmó haber tenido movimientos entre 2014 y 2018.
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Entre las solicitudes específicas del fiscal, se pidió determinar el tipo de direcciones que entregó Adorni, como así también si es posible comprobar si son «en custodia o de autocustodia». También busca establecer desde qué fechas existen y quién fue el responsable de generarlas, profundizando en el origen de los activos.
Además, la PFA deberá analizar si los 41 movimientos registrados dentro de las billeteras pudieron ser realizados por una misma persona o si intervinieron terceros en las operaciones. Otro punto clave es identificar a quienes tenían el control de estas transacciones y si la persona que posee hoy las claves es la misma que las controló entre 2014 y 2018.
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En ese marco, la Justicia solicitó saber si las claves privadas podían conservarse «en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital», como la *paper wallet* que Adorni había presentado en una entrevista. También se requiere información sobre la normativa que regía en la Argentina para las monedas virtuales entre 2014 y 2018, incluyendo el alcance de la Resolución UIF 300/2014 sobre prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas.
Por otra parte, el fiscal busca establecer si existía un registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales en el período investigado. Con respecto a las operaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando el exfuncionario liquidó sus activos, se pidió determinar qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las principales jurisdicciones donde operaban las plataformas de intercambio.
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Hace unos días, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones que aportaron a la Justicia. Allí generaron un «mensaje de desafío» para que fuera insertado y firmado dentro de cada billetera, con el cual corroboraron su existencia y que tenían control sobre los movimientos.
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