
En medio de protestas, el Gobierno español insiste con decretos de vivienda
Actualidad06/10/2026
REDACCIÓNLa medida para regular alquileres y frenar desahucios se da tras un revés parlamentario que llevó a elecciones anticipadas el 29 de noviembre.



La crisis habitacional en España se agudizó tras semanas de protestas por el aumento de los alquileres y el desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso generó una fuerte reacción social. Este lunes, miles de personas volvieron a manifestarse en Barcelona en una jornada que terminó con incidentes, detenidos y policías heridos.
En este contexto, el Gobierno español de Pedro Sánchez aprobó este martes nuevamente dos decretos de emergencia sobre vivienda que habían sido rechazados apenas cuatro días atrás por el Congreso. El jefe del Ejecutivo justificó la decisión al señalar que las circunstancias que llevaron a impulsar las medidas no han cambiado y las defendió como ambiciosas y necesarias.


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Entre las principales iniciativas figuran la ampliación hasta 2030 de la protección contra los desahucios de personas vulnerables y la imposición de límites a determinadas subas de los alquileres. Además, se busca regular los contratos temporarios y por habitaciones, junto con restricciones a las compras especulativas por parte de grandes fondos.
El paquete también contempla incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, un IVA del 10 por ciento para los pisos turísticos y una reducción al 4 por ciento para la vivienda protegida. Se incorporó un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la compra de la primera vivienda, para el cual se prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros.
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Los dos decretos habían sido rechazados el viernes pasado en el Congreso, en uno de los mayores reveses parlamentarios para el gobierno de coalición del PSOE y Sumar. La derrota precedió la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.
El principal decreto cayó por 178 votos contra 172 tras el rechazo del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Con el Parlamento ya disuelto, las normas deberán pasar ahora por la Diputación Permanente, un órgano de 68 legisladores más la presidenta del Congreso.
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La nueva composición para la votación podría favorecer al Ejecutivo en al menos uno de los textos, ya que el voto de Junts no sería indispensable para alcanzar la mayoría. Sin embargo, el segundo decreto presenta mayores dificultades por la oposición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la renovación automática de los contratos.
La oposición cuestionó la decisión de volver a impulsar las normas. Vox calificó la maniobra como una “cacicada” y sostuvo que el Congreso ya había rechazado los decretos cuando se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.
Por su parte, Sánchez afirmó que los textos mantienen su espíritu original y defendió que su gobierno seguirá tomando decisiones hasta las elecciones. "Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron", aseguró el mandatario en una rueda de prensa.















