Justicia declara inconstitucional decreto del Gobierno que frenaba financiamiento universitario

Juzgado federal ordenó al Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, dejando sin efecto la normativa que frenaba su implementación.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había puesto un freno a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión ordena al Gobierno cumplir con la normativa aprobada por el Congreso, luego de que el juez Martín Cormick calificara la acción del Ejecutivo como un «mecanismo extraconstitucional».

El fallo del magistrado Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). De esta forma, se ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato” de la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias.

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Anteriormente, el Gobierno había intentado frenar la aplicación de la ley mediante un veto presidencial. Luego de que el Congreso rechazara este veto y sostuviera la normativa, el Ejecutivo emitió un decreto que condicionaba el financiamiento a la determinación de fuentes específicas y su inclusión en el presupuesto general.

En su resolución, el juez consideró que el decreto del Gobierno «no supera un test mínimo de razonabilidad», al permitir suspender la aplicación de una ley en la que el Congreso había insistido con las mayorías agravadas requeridas. Cormick apuntó que, ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto configuró una «figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional».

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El magistrado también remarcó que el «control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado». Además, puso en duda el costo fiscal de la ley al señalar que en 2024 y 2025 no hubo Ley de Presupuesto, prorrogándose las partidas de 2023.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. El amparo colectivo buscaba específicamente que se otorguen partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y se recompongan los salarios de docentes y no docentes.

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