Fuerte rechazo de organismos a proyecto de Defensa y Soberanía por reconfigurar el Estado
Política06/10/2026
REDACCIÓNOrganismos de DDHH y excombatientes rechazaron proyecto que endurece sanciones en Malvinas y crea un Consejo de Seguridad con amplias facultades.
Representantes de organismos civiles y de Derechos Humanos alertaron en la Cámara de Diputados que el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar a un "Estado antiterrorista". La iniciativa incluye sanciones penales y económicas a empresas extranjeras que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización argentina, pero también plantea reformas profundas en el sistema de seguridad y defensa nacional.
El Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), por medio de Jerónimo Guerrero Iraola, aseguró que el Gobierno "ha regalado la inciaitiva al Reino Unido en el Atlántico Sur". El referente comparó la gestión actual con la de Mauricio Macri y sostuvo que el proyecto es "un punto más en el plan sistemático de entrega de la soberanía".
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Por su parte, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la "idea de seguridad nacional opera como marco político para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo". La representante también expresó que la medida amplía la persecución del terrorismo con una "definición muy laxa" que podría derivar en la "restricción de libertades civiles".
Litvachky además señaló que el proyecto "otorga facultades administrativas y sancionatorias al Consejo de Seguridad Nacional por fuera de las reglas institucionales". Este consejo, que sería encabezado por el presidente, tendría la potestad de disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, incluyendo restricciones financieras y el bloqueo de fondos y activos.
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La especialista del CELS enfatizó que esta propuesta "implica una concentración de poder inédita que puede ser aplicada sobre riesgos o amenazas cuya definición es tan vaga que prácticamente cualquier problema podría ser catalogado de esa manera". Agregó que permite sanciones anticipadas, "es como usar las herramientas del estado de sitio, pero sin los controles previstos", y que justifica medidas que pueden ser utilizadas "contra el propio pueblo".
En ese marco, el ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó que la iniciativa "establece protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales". Filmus alertó que estas disposiciones "ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN".
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Por otra parte, la oposición, liderada por Unión por la Patria, denunció que la iniciativa es un "caballo de troya" para subordinar la política de seguridad y defensa al plan de "contrainsurgencia" de Estados Unidos para América Latina. Su estrategia es que el oficialismo acepte reducir el proyecto solo a los artículos que contienen sanciones penales y económicas relacionadas con Malvinas.
La iniciativa también contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores o accionistas de empresas que exploten recursos en las Malvinas sin autorización argentina. Además, se reemplaza la Ley 26.659 para ampliar las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, renovables o no renovables, en las islas y sus espacios marítimos circundantes.
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