El Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del grupo de expertos a pesar de la oposición del gobierno venezolano, que pidió terminar con los mecanismos de escrutinio.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Independiente de Investigación para Venezuela. La medida fue aprobada con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra, que correspondieron a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.
La decisión se tomó días después de que la misión señalara en su último informe que la maquinaria represiva del régimen seguía "intacta" tras la caída de Nicolás Maduro. Si bien el texto aprobado reconoce recientes avances positivos como el restablecimiento del diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, también expresa preocupación por la continuidad de graves violaciones y abusos.
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La misión, establecida en 2019, está compuesta por los expertos Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México). Como parte de la prórroga, el grupo deberá presentar informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones del Consejo que se celebrarán en otoño de 2027 y 2028.
Por su parte, la delegación venezolana ante el Consejo se manifestó en contra de la continuidad del mandato antes de que se realizara la votación. Sostuvo que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido». Además, los representantes venezolanos agregaron que «los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática».
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En respuesta a estas posturas, la presidenta de la misión, Sofía Macher, había argumentado en días previos que la labor del organismo era más importante que nunca. Según la experta, el trabajo de investigación es fundamental para acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, especialmente frente a un eventual escenario de transición política.
La resolución aprobada este martes también manifiesta preocupación por “persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial”. Estas falencias, según el texto, amenazan con contribuir a “una impunidad generalizada” en el país.
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En ese marco, el documento insta a la república bolivariana a respetar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. Adicionalmente, pide el fin de las restricciones al espacio cívico y democrático, y exhorta a liberar de forma “inmediata e incondicional” a todas las personas que se encuentren recluidas arbitrariamente.
Finalmente, la resolución recuerda que la prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela obligó a millones de personas a abandonar el país. En este sentido, el texto reconoce los grandes esfuerzos que otras naciones, especialmente en la región, continúan haciendo para acoger a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
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