Quieren la Ley de venta de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Política08/10/2026
REDACCIÓNEl oficialismo busca el respaldo de los bloques dialoguistas en Diputados para reintroducir la Ley de Tierras y blindar el mega decreto de desregulación económica.
El martes 13 de octubre comenzará la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, con el objetivo del oficialismo de lograr un dictamen antes de la visita del Papa León XIV. Esta instancia forma parte de una compleja negociación del Gobierno para afianzar el DNU 70/23 y otros proyectos clave.
La estrategia principal del oficialismo busca blindar el decreto de desregulación económica e incluye la posibilidad de reintroducir la Ley de Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta propuesta es considerada la alternativa más fuerte para proteger los intereses económicos afectados por el DNU.
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Durante una reunión celebrada en la tarde-noche de este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la propuesta de la Ley de Tierras fue un punto central. Referentes de los bloques dialoguistas consultaron reiteradamente sobre el destino de la ley, aunque sin obtener una respuesta concluyente por parte del oficialismo.
Una importante diputada de La Libertad Avanza, cuya identidad no fue revelada, señaló en tono irónico que «Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU». Esta declaración se dio al ser consultada sobre las perspectivas de la sesión opositora programada para el 15 de octubre.
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La oposición, principalmente Unión por la Patria, mantiene la decisión de avanzar con la sesión del 15 de octubre para intentar anular el DNU 70/23. Su objetivo es aplicar el «principio de revelación» para identificar a los diputados que apoyan o rechazan la Ley de Tierras, a pesar de que las posibilidades de lograr quórum se reducen con el paso del tiempo.
Desde Unión por la Patria explicaron que la demora en tratar el rechazo al DNU, que fue invalidado en el Senado el 14 de marzo del 2024, se debió a la falta de garantías. Un diputado nacional del peronismo afirmó que «El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás».
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Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, en diálogo con Alpha TV, no desmintió esta versión. Sin embargo, sostuvo que durante el 2024 y 2025 también existían legisladores de Unión por la Patria que no estaban decididos a confirmar el rechazo al mega decreto.
El Gobierno experimentó un susto inicial tras un fallo de la Corte Suprema por temor a que la decisión generara un clima negativo que impulsara la sesión opositora. Sin embargo, la situación mutó a alivio al constatar que la oposición no contaba con los votos necesarios, aunque monitorean el tablero ante la posibilidad de una resolución judicial para designar conjueces por un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.
La negociación con los aliados abarca otras aristas, incluyendo cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La oposición exige la eliminación del artículo 111, que establece penas de prisión para quienes realicen acciones destinadas a alterar procesos electorales, manipular la opinión pública o promover actos de violencia financiados por entidades extranjeras, alegando que amenaza el trabajo periodístico.
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