Colombia denuncia que Estados Unidos sanciona por defender al pueblo palestino
Actualidad08/10/2026
REDACCIÓNEl exmandatario colombiano afirmó que la lista OFAC busca impedir un juicio a Netanyahu y pidió una campaña global de derechos humanos.
En la última actualización de la lista OFAC de Estados Unidos, el ex presidente colombiano Gustavo Petro fue mantenido en el listado, a pesar de que se retiraron a más de 70 personas y empresas de origen colombiano. Esta medida también alcanzó a su ex esposa, Verónica Alcocer, a su hijo, Nicolás Petro, y al ex ministro del Interior, Armando Benedetti.
El exmandatario colombiano declaró hoy miércoles que la causa principal por la que el Gobierno de Estados Unidos lo incluye en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es su férrea defensa de los derechos del pueblo palestino. Esta situación se da en el contexto del conflicto con Israel, donde Petro ha sido una voz crítica.
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En su cuenta de la red social X, Petro publicó que «La lista OFAC ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Benjamin Netanyahu (primer ministro de Israel) sea juzgado como genocida». Subrayó así un cambio en la función de esta herramienta estadounidense.
Además, Petro sostuvo que Estados Unidos no solo lo sancionó a él por denunciar el genocidio en Gaza, sino también a ocho de los 17 magistrados de la Corte Penal del estatuto de Roma. También mencionó a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Francesca Albanese, quienes han denunciado la violencia desproporcionada de Israel contra Palestina.
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Frente a esta situación, el expresidente opinó que «La lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni las personas de esos países». Hizo un llamado a los movimientos de Derechos Humanos a nivel global para diseñar una campaña que exija a Estados Unidos abstenerse de usar la lista OFAC como un “mecanismo de persecución”.
Según el exmandatario, la persecución a grupos poblacionales de carácter civil con identidad política constituye un delito de lesa humanidad de acuerdo al estatuto de Roma. Petro afirmó que «Los actores de esa persecución deben ser procesados en la Corte Penal Internacional», instando a la acción judicial internacional.
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