Proponen beneficios fiscales para que privados inviertan en rutas nacionales poco rentables

El senador Fullone presentó iniciativa en el Congreso para atraer capital privado a rutas de bajo tránsito, con inversión mínima de 20 millones de dólares.

Un proyecto de ley establece una inversión mínima de 20 millones de dólares para que empresas privadas accedan a beneficios fiscales y puedan hacerse cargo de rutas nacionales con baja rentabilidad. La iniciativa busca atraer capital hacia corredores viales que actualmente tienen dificultades para incorporarse a los modelos de concesión tradicionales.

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Facundo Fullone, es el autor de esta propuesta. El legislador presentó el Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE), un mecanismo enfocado en rutas de tránsito medio y bajo.

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Uno de los principales beneficios está vinculado con el Impuesto a las Ganancias, planteando una alícuota del 25% para rutas de tránsito medio y del 15% para corredores de tránsito bajo. El régimen suma también mecanismos para acelerar la recuperación de las inversiones realizadas y la amortización acelerada de bienes muebles afectados a los trabajos.

Además, se contempla la posibilidad de computar los quebrantos sin límite temporal y con actualización. A esto se agrega un beneficio sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ya que el 100% de lo abonado podría utilizarse como crédito frente al Impuesto a las Ganancias.

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En paralelo, otro componente del esquema apunta al IVA y a la importación de equipamiento. El proyecto plantea que el impuesto correspondiente a las inversiones pueda cancelarse mediante certificados de crédito fiscal y propone eliminar los aranceles para la importación de bienes de capital, repuestos y componentes destinados específicamente a las obras.

La iniciativa incorpora una instancia de pre-adhesión, pensada para que las empresas conozcan si pueden acceder a los incentivos antes de presentar una oferta. Para Fullone, esa previsibilidad puede resultar determinante al momento de evaluar proyectos que, sin un tratamiento fiscal diferencial, no alcanzarían una rentabilidad suficiente.

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El planteo se inserta en el proceso de concesiones que impulsa el Gobierno nacional a través de la Red Federal de Concesiones, que contempla más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas mediante esquemas de inversión privada. A este escenario se suma la decisión adoptada en agosto de delegar en distintas provincias, entre ellas Río Negro, facultades para otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre determinados tramos nacionales.

Fullone sostuvo que la importancia de una ruta no puede medirse solamente por la cantidad de vehículos que circulan diariamente. «Que una ruta tenga poco tránsito no la hace menos necesaria; la hace menos rentable», afirmó el senador, al señalar que esos corredores también cumplen funciones vinculadas con el acceso a escuelas, hospitales, mercados y centros de producción.

El senador comparó el mecanismo propuesto con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que atribuyó un impacto positivo sobre la llegada de capitales a Río Negro. «El RIIVE viene a llevar esa misma lógica a las rutas», sostuvo, en referencia a la utilización de beneficios fiscales como herramienta para atraer inversiones hacia sectores que presentan mayores dificultades de rentabilidad.

La iniciativa no queda aislada de la agenda legislativa de Fullone sobre infraestructura, ya que también impulsa una propuesta destinada a regularizar el cierre de contratos de obra pública que permanecen paralizados desde hace más de 15 años. El objetivo planteado es que las rutas con menor circulación también puedan quedar incluidas en futuros proyectos de inversión privada, con Río Negro entre las provincias que podrían beneficiarse del nuevo régimen.

La discusión ahora deberá continuar en el Congreso, donde se definirá el alcance de la propuesta y si el esquema de beneficios fiscales puede convertirse en una herramienta para ampliar las concesiones. El proyecto de incentivos viales apunta así a modificar una de las principales dificultades de las concesiones: cómo hacer atractivos para el sector privado aquellos corredores que cumplen una función territorial importante pero no generan suficiente movimiento para garantizar un negocio convencional.