Roberto Baratta apeló su procesamiento por enriquecimiento ilícito dictado por Julián Ercolini

La defensa del exfuncionario kirchnerista busca revertir la medida que lo investiga por un incremento patrimonial de más de cuatro millones de pesos.

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta presentó una apelación esta semana para revertir el procesamiento dictado en su contra por el juez federal Julián Ercolini. La medida judicial lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y señala un incremento patrimonial de $4.678.496,90 de forma «apreciable e injustificada» entre los años 2003 y 2017, cuando Baratta ocupaba el cargo de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

La presentación, realizada por su abogado defensor Rodolfo Iglesias, busca que la Cámara Federal revoque el procesamiento y dicte la falta de mérito para el exsubsecretario. Iglesias consideró que la decisión del magistrado «causa un gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior» para su defendido.

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En su apelación, el abogado argumentó que el fallo consolida una imputación patrimonial construida sobre premisas fijadas por el propio juzgado. Agregó que utiliza un dictamen técnico que no determinó autónomamente la atribución económica ni el costo histórico del rubro decisivo de Mapuche, y que prescinde de fuentes de descargo oportunamente individualizadas.

Además, Iglesias señaló que la decisión del juez Ercolini rechaza de forma global las diligencias destinadas a comprobar las explicaciones del imputado, y que el procesamiento se dictó luego de una indagatoria que fue protestada. La defensa también había solicitado previamente el apartamiento del juez de la causa.

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Uno de los puntos clave de la defensa se centra en la mansión ubicada en el Mapuche Country Club, valuada en $3.700.000. Según el exfuncionario, esta propiedad fue abonada por sus padres, Palmino Baratta y Marta Rosa Girola, como parte de un «proyecto familiar».

El escrito de apelación sostiene que no se investigaron en profundidad los antecedentes económicos de los padres de Baratta, los cuales podrían haber explicado el financiamiento de la propiedad en Mapuche. Para el abogado, el fallo de Ercolini exhibe un «patrón de confirmación selectiva» al presentar los datos compatibles como corroboraciones y desestimar fuentes alternativas.

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En ese marco, la defensa solicitó que la Cámara Federal disponga la «producción completa de las medidas ofrecidas para evacuar las citas». Además, pidieron que, una vez incorporados los resultados, se realice una nueva pericia contable integral a cargo de profesionales distintos.

Finalmente, la medida judicial requerida apunta a responder «cada divergencia relevante», reconstruir el costo y la atribución de la propiedad de Mapuche desde sus fuentes originales. También busca que se disponga el recálculo de las operaciones financieras para identificar la incidencia individual y conjunta de cada corrección sobre los ejercicios y el saldo acumulado.