Tribunal británico anula órdenes de registro contra el expríncipe Andrés por ser ilegales
Actualidad08/10/2026
REDACCIÓNLa policía de Thames Valley admitió ante el Tribunal Superior que sus allanamientos al exmiembro de la realeza fueron incorrectos, pero buscan retener lo incautado.
Una nueva audiencia judicial se celebrará en 2027 para decidir si los documentos y dispositivos electrónicos incautados en las propiedades del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor pueden ser utilizados como prueba en su contra. Mientras tanto, los objetos permanecerán en poder de la policía británica tras una audiencia celebrada este jueves.
La decisión fue tomada por el juez Nicholas Hilliard, quien anuló las órdenes de registro originales pero aclaró que la medida no pone fin a la investigación en curso. La policía de Thames Valley presentó una solicitud para retener los bienes confiscados, argumentando que podrían haber sido obtenidos legalmente bajo otra disposición, una petición a la que el expríncipe se opone.
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La policía del distrito admitió que la base legal de las órdenes utilizadas para registrar los domicilios de Mountbatten-Windsor era errónea. Según informaron la BBC y The Guardian, la fuerza aceptó que «la decisión inicial del tribunal de emitir órdenes de registro en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta».
La detención del expríncipe se produjo el pasado 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionada con el caso Epstein. Ese mismo día, la policía registró su antigua residencia en la finca de Sandringham y su casa en Windsor, conocida como Royal Lodge.
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Las acusaciones surgieron a partir de los archivos de Jeffrey Epstein, donde se alegó que Mountbatten-Windsor compartió información confidencial con el delincuente sexual cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido. El expríncipe, quien niega haber cometido delito alguno, había interpuesto un recurso legal contra la legalidad de los registros.
En ese marco, el juez Hilliard enfatizó que la anulación de las órdenes no invalida toda la pesquisa. «El hecho de que se hayan anulado las órdenes de registro no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación sea ilegal», declaró el magistrado durante la audiencia.
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Ahora, la policía de Thames Valley debe convencer a un juez de que el material incautado probablemente sea de “valor sustancial” para sus averiguaciones. El futuro de la evidencia dependerá de si un tribunal considera que una facultad de registro alternativa, con garantías adicionales, justifica su retención y uso.
Por otra parte, una fuente policial de alto rango aseguró que este revés no detendrá el proceso. «Esto no va a paralizar la investigación ni a afectar las posibilidades de éxito», afirmó la fuente, quien además sostuvo que el error fue de la decisión judicial original que concedió la orden, no de la actuación policial.
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