El Gobierno autorizó con un DNU el ejercicio militar en Brasil por demora del Congreso
Política09/10/2026
REDACCIÓNLa medida de Milei permite a 405 efectivos y 99 vehículos militares participar del ejercicio ARANDÚ 2026, con un costo superior a los $247 millones.
El Gobierno autorizó la salida de 405 efectivos y medios militares del país para participar en el ejercicio combinado ARANDÚ 2026 en Brasil. La decisión se tomó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) debido a que el proyecto de ley para autorizar este tipo de actividades todavía no fue tratado en la Cámara de Diputados.
Las maniobras militares, que se desarrollarán en el campo de instrucción Barão de São Borja en la ciudad brasileña de Rosario do Sul, tendrán lugar entre el 10 y el 17 de octubre. El objetivo principal de este ejercicio es fortalecer la cooperación entre ambos ejércitos y desarrollar procedimientos comunes para que sus unidades puedan operar de manera integrada.
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La participación argentina contempla un máximo de 405 efectivos y hasta 99 vehículos, incluyendo diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8x8. Por su parte, Brasil prevé la intervención de hasta 1.100 militares en estas operaciones combinadas.
El costo aproximado de la operación para Argentina asciende a $247.928.911, según lo detallado en el documento oficial. Estos gastos se cubrirán con las partidas asignadas al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto correspondiente al Ministerio de Defensa.
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Las maniobras plantean una situación hipotética centrada en la protección de objetivos estratégicos y buscarán comprobar en el terreno los planes previamente ensayados mediante simulación en el año 2025. El programa incluye desplazamientos de vehículos de combate, lanzamientos de paracaidistas, asalto aéreo y actividades que se realizarán tanto de día como de noche.
El DNU 1157/2026, que dispuso esta autorización, fue firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La normativa entró en vigencia con su publicación y se informó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, el organismo encargado de evaluar los decretos de necesidad y urgencia.
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